Juzgado Nacional Comercial N* 8Secretaria N* 16 BETTINOTTI MARIA JULIA Y OTROS C/SANTA JULIA S.C.A. S/Diligencia Preliminar S/ INCIDENTE (DE MEDIDAS

Buenos Aires, 7de mayo de 2008.

1. Por contestado el traslado.

2. a) La actora, a fs. 109/123, promovió el presente incidente de medidas cautelares a fin de resguardar -según adujo- la intangibilidad del patrimonio social, el cumplimiento de las leyes fiscales e impositivas y los derechos de la sociedad afectada y de los socios de buena fe que la componen. Ello, en virtud de los extensos argumentos que expuso y a los que me remito en mérito a la brevedad.

b) Corrido traslado a quien actualmente inviste el carácter de coadministrador judicial de la firma -pues tal requerimiento fue sujeto a su opinión-, el Dr. Fernandez Moores manifestó que el líbelo de inicio constituye un relato de los antecedentes documentales que obran agregados en otras causas.

Sin perjuicio de ello y a efectos de la valoración de los hechos que compete al Suscripto, se remitió a los alcances expuestos en el informe presentado en los autos "Bettinotti María Julia y otros c/Santa Julia S.C.A. y otros s/diligencia preliminar" -expte. 090197-.

2. En primer lugar, cabe recordar que en la diligencia preliminar de análoga carátula y que fuera citada supra, la Excma. Cámara Comercial -Sala D-, a fs. 159/163, revocó el pronunciamiento dictado en esta instancia y dispuso la intervención de Santa Julia S.C.A. en grado de coadministración por el término de noventa días.

Ahora bien, como fuera puesto de manifiesto por este Magistrado en la primigenia resolución allí dictada, obrante a fs. 86/89, la intervención judicial de una sociedad debe reunir los extremos requeridos por el CPr. 198, cuales son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, requiriendo, además, lo previsto por la LS:114, esto es, que el peticionante de la medida compruebe su condición de socio y la existencia de peligro de gravedad tal que ponga en riesgo la existencia misma de la sociedad, además de la promoción de la acción de remoción y de haber agotado los recursos previstos en el contrato social.

Amén de lo dicho, debe destacarse que no corresponde sustituir a los administradores societarios por un funcionario judicial, sino se aprecia que la actuación de aquellos es de una irregularidad tal que pudiera poner en peligro grave a la sociedad y perjudicar el interés de los socios, sin posibilidad de ser subsanada por otra vía (Odriozola "Intervención Judicial e Intervención Administrativa de las Sociedades" - Cuadernos de Derecho Societario" T. IV, E. Zaldívar pág. 403) debiendo el Juez apreciar la procedencia con criterio restrictivo.

Desde esa perspectiva, corresponde analizar entonces el agravamiento de la cautela aquí solicitado. Y, para ello considero vital el informe vertido en la diligencia preliminar por quien actualmente ejerce la función de coadministrador, en cumplimiento del mandato judicial que le fuera otorgado.

Veamos.

El Dr. Fernandez Moore informó, entre otras cosas, que debió requerir en reiteradas ocasiones la entrega de los instrumentos y documentación contable necesaria a fines de cumplir su cometido, la cual, hasta la fecha en que fue presentado ese informe no fue cumplida.

Otro aspecto relevante sobre los libros comerciales de la firma -además de que el Diario, Inventario y Balances no fueron puestos a disposición- es el alarmante retraso que revisten ciertos registros, verbigracia, libro de Actas nro. 1 que rubricado el 14.3.69, plasma como última asamblea aquella efectuada en el año 1973.

Con no menos asombro por dichas irregularidades que, eventualmente, si bien resultan reprochables sólo producirían perjuicios intrasocietarios, no puede dejarse de señalar, pues así ha sido destacado por el coadministrador, los reiterados incumplimientos impositivos incurridos por la demandada y las deficiencias incurridas por el propio ente en sus precarias presentaciones fiscales (Véase declaraciones juradas no suscriptas; impuesto a los bienes personales que no se ajustarían a la realidad del activo; ausencia de tributación del impuesto a la ganancia mínima presunta; etc.).

Pero, además y fundamentalmente, el auxiliar informó que parte de los integrantes de la familia que a su vez resultan accionistas de la actual intervenida, manifestaron -circunstancia que puede acreditarse del resto de las causas conexas a éstos obrados- que la sociedad fue constituída en orígen a fín de eludir el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ya que los bienes que componen el activo social eran de titularidad registral de la señora Aztiria, por lo cual no reconocen a los accionistas el derecho a dividendos provenientes de la explotación de aquéllos.

Es decir, sin perjuicio del presunto ardid ideado para evadir cargas fiscales que, lógicamente, son ineficaces para justificar las irregularidades cometidas y de modo alguno serán amparadas por el Tribunal, los bienes que integran el acervo social no han sido destinados en sus frutos para el logro o cumplimiento de su objeto social, de hecho ninguna actividad pareciera efectuada en tal sentido, sino, simplemente, el manejo discrecional de aquellos ha sido en pos del beneficio propio de la administradora, la señora Aztiria.

Véase que como indica en su presentación el Dr. Fernandez Moores, los ingresos provenientes de los dominios sitos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires que actualmente se encuentran ocupados y explotados por terceros son depositados derechamente en la cuenta bancaria personal de Aztiria. Circunstancia ésta que, por cierto, derivó en la promoción de las distintas acciones judiciales denunciadas por la parte actora y que diera cuenta el interventor.

En este escenario, se advierten, prima facie, configurados los requisitos necesarios para agravar la medida cautelar dispuesta sobre la firma intervenida, pues el desorden, incumplimiento y carencia administrativo-contable de la sociedad (no discutido por el ente), justifica la intensificación de la intervención con desplazamiento de los miembros del órgano de administración, en reemplazo de la coadministración primitivamente dispuesta, a fin de conjurar una situación de grave peligro social y a obtener la normalización y reorganización de la vida societaria (CCom. Sala C en autos "Flourte Teresa c/Irusta Cornet Jose s/sum", del 13.12.90; íd. "Engo Martín c/Adjemiantz, Ariel s/ord.", del 8.7.05; en igual sentido Sala B en autos "Torello, Diana c/Belcastro, Lorena s/medida precautoria", del 15.12.06).

Conclúyase, entonces, de los elementos aportados al incidente y de las manifestaciones efectuadas por el coadministrador en el expte. 090197, que no estamos en presencia de una empresa económica y financieramente sana, ni que tampoco aquella se encuentre destinada a la obtención de su objeto social o, cuanto menos solapadamente, al interés general de los socios que la componen, sino, como fuera reconocido por parte de sus integrantes, al sólo efecto de utilizar únicamente su estructura a fin de intentar eludir las responsabilidades fiscales de sus componentes.

Por ello, resulta procedente desplazar al órgano de administración originario y forzar al ente a su reconducción mediante la transformación de la coadministración actualmente en ejercicio a la asunción de una administración plena, insísto, con total desplazamiento de sus primigenios integrantes.

3. En consecuencia RESUELVO

(i) Modificar la medida cautelar de coadministración bajo la forma de administración plena con desplazamiento del órgano originario, designándose a tales efectos y por el plazo de 90 días al Dr. Fernandez Moores, quien deberá aceptar el cargo dentro del quinto día de notificado de la presente, y ordenar, previa integración de la caución real por parte de la actora y que se estima en $ 30.000 -acumulable a los fondos ya depositados en autos-, la asunción por parte del auxiliar en la firma Santa Julia S.C.A., a cuyo efecto líbrese el mandamiento de posesión respectivo.

(ii) Cumplido ello, el Dr. Fernandez Moore deberá ajustar su actuación en los términos dispuestos a fs. 182/183 del expte. 090197, mas sin intervención del órgano de administración aquí desplazado.

Notifíquese.

JAVIER J. COSENTINO

JUEZ

IGJ: Santa Julia SCPA RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 1598

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2004.

Y VISTO:

1. El trámite de denuncia que lleva el Nº 13.643 seguido contra la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», expediente de estatuto N° 491.671/2188 del registro de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, de cuyas constancias surge:


Sostuvo asimismo el Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI que al ser sus padres los aportantes del capital social, eran ellos los verdaderos formadores de la voluntad societaria, en tanto que él era una mera figura para el caso que el «verdadera comanditado», - su padre -, se encontrare imposibilitado o ausente. Así las cosas, surge de las copias que se adjuntan, que se celebraron las primeras Asambleas hasta el año 1973, en que se dejaron de efectuar registraciones contables por decisión de sus padres.

Aclaró el representante legal de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» Que a pesar de la inacción que evidenció la sociedad por más de treinta años y a los efectos de «cumplimentar con las formas como Representante Legal de la sociedad» ha procedido a comenzar las tareas de regularización con la AFIP y con la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Respecto de esta última se ha reempadronado a la sociedad y se han rubricado algunos libros por extravío de los anteriores. Asimismo, hizo el Sr. Saúl Marcelo Bettinotti especial mención del acta de asamblea unánime de fecha 13 de julio de 1993, en la que los socios aprobaron la gestión del entonces socio comanditado y administrador Ignacio Emilio BETTINOTTI, lo cual revela la existencia de un consenso entre los socios respecto al desarrollo de la vida societaria y la ausencia de toda registración al respecto.

Declaró asimismo el representante de la sociedad denunciada, que los denunciantes han promovido con fecha 27 de Mayo de 2002, por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 8, Secretaria Nº 16 una acción judicial caratulada «Bettinotti, Marcelo y Otros c/Santa Julia S.C.A. s/Diligencias Preliminares» (expte. Nº 80.218/2002) en los cuales el tribunal interviniente dispuso la celebración de una Asamblea tendiente a ir logrando la regularización de la sociedad.

Asimismo y sobre la cuestión de la sustracción del aporte efectuado por María Julia AZTIRIA de BETTINOTTI, aclaró el Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, en su carácter de socio comanditado y representante de SANTA JULIA S.C.A., que el 12 de diciembre de 1969 se otorgó la escritura pública Nº 208 en la cual se concretó la transferencia de titularidad de dominio de diversos inmuebles de los socios aportantes a favor de la sociedad, pero que en dicho acto se omitió por razones que desconoce, el inmueble ubicado en la Provincia de La Pampa señalando que hasta los últimos tiempos esta omisión no dio lugar a reclamación de ninguna índole y destacó que carece al presente de recursos legales para forzar el cumplimiento por parte de la otrora socia del aporte omitido. Alegó la manifiesta prescripción de la obligación, la que ya se había inexcusablementeconsolidado durante la gestión del Sr. Ignacio Emilio BETTINOTTI, a quien todo los socios le aprobaron su gestión.

En cuanto a la falta de designación de nuevo síndico por fallecimiento del designado, adujo el presentante la falta de acreditación de tal hecho por los denunciantes, como así también su desconocimiento de tal circunstancia y en punto a lo invocado al punto 4) de la denuncia, esto es, elusión del sistema de control estatal previsto en el art. 299 inc. 2) de la ley 19.550, se limitó a manifestar que la sociedad jamás se ha visto incursa en el supuesto normativo imputado.

Concluyó solicitando el rechazo de la denuncia.

5. A fs. 215/222 de las presentes actuaciones se presentó nuevamente el Dr. Jorge BAZAN, por la representación invocada, informando la convocatoria judicial a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria desocios de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» para el día 9 de noviembre de 2004, para tratar el amplísimo Orden del Día que surge de los edictos de fs. 217/222, a los cuales me remito en honor a la brevedad, solicitando asimismo la concurrencia de Inspectores de Justicia al acto, a lo que se hizo lugar mediante la designación de Mariana Singerman y Rodrigo Monti.

Del informe labrado por los Inspectores de Justicia que luce a fs. 279/280 de estos autos, surge que los administradores de la sociedad denunciada manifestaron que los libros habían sido extraviados, siendo exhibida una denuncia de extravío de fecha 1 de Agosto de 2003, donde entre otros, figuraba el Libro de Registro de Acciones Nº 1, Rúbrica A 14943 del 30/04/86, pero que, no obstante ello exhibieron un Libro Registro de Acciones N° 1, Rúbrica B 11445 de fecha 22 de Abril de 1986, el cual se encontraba completado a lápiz hasta el folio 2, línea 10. Nótese que este libro al igual que el extraviado llevan el Nº 1.

En dicho libro constaba que las acciones se registraron el 16 de Mayo de 1986, no surgiendo que las mismas, se hubieran adecuado a la Ley de Nominatividad Accionaria, en ninguna de sus versiones.

Asimismo, informaron los Inspectores de Justicia, Mariana Singerman y Rodrigo Monti que en el seno de dicha asamblea se suscitó una discusión respecto de las tenencias accionarias, manifestándose que el Libro de Registro de Acciones al ser llenado a lápiz no permite verificar las verdaderas tenencias accionarias, cuestionándose en consecuencia la calidad de accionistas de los socios comanditarios, agregando que no obstante ello, sí se pudo constatar con las constancias obrantes en el acto, que los socios comanditados son Saúl Marcelo BETTINOTTI e Ignacio Emilio BETTINOTTI.

Finalmente agregaron los Inspectores de Justicia que dada la imposibilidad de probar fehacientemente la calidad de accionistas de los presentes, y no surgiendo que las acciones se hubieran nominativizado, procedieron a retirarse por no avalar con su presencia la celebración de la asamblea convocada.

6. A fs. 225/278 de estos actuados volvió a presentarse el administrador de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, manifestando que atentas las irregularidades habidas en la convocatoria y constitución del acto asambleario, no ha quedado a esa parte otra solución que retirarse de tal acto, conjuntamente con otros socios comanditarios, a tenor de los siguientes antecedentes: a) En primer lugar, no haberse respetado la antelación de un mínimo de quince (15) días para la publicación de los edictos de convocatoria, plazo previsto por el estatuto social; b) En segundo lugar, por la falta de acreditación del carácter de socio de los denunciantes, ya que el Libro de Registro de Acciones de la sociedad «no se encontraba llevado en legal forma», y los comanditarios « ni siquiera exhibieron los títulos accionarios en el acto de constituirse la asamblea”..

Por último señaló el Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, en su carácter de socio comanditado y representante de SANTA JULIA S.C.A., la imposibilidad de determinar el número de acciones con que se admitiría el ingreso y votación en la asamblea, dada la situación planteada con el inmueble de la Provincia de La Pampa, aportado a la sociedad pero nunca escriturado a su favor, peticionando en consecuencia se expida este Organismo acerca de la legalidad de la convocatoria efectuada.

7. Para concluir este extenso relato, a fs. 281/291, el Dr. Jorge BAZÁN, presentó un nuevo escrito comentando algunas cuestiones atinentes a la pasada asamblea general ordinaria y extraordinaria del 9 de noviembre de 2004, agraviándose concretamente por el retiro de los Inspectores de Justicia del acto asambleario en razón de la inexistencia de libros, o mas bien porque algunos de ellos existían pero en blanco. Agregó que desconoce de donde surge este principio («Sin libros no hay asamblea...»(sic)), pues no existe ninguna normativa que lo avale. Señaló asimismo el representante de los denunciantes, que esta actitud enervó la convalidación de los hechos denunciados y por los cuales era imprescindible la presencia de la Autoridad de Contralor al único acto asambleario en once años. Manifestó además que ha sido una lástima haber perdido la oportunidad para la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA de controlar el acto, de constatar los hechos denunciados y de recabar los antecedentes en forma vívida para el dictado de la resolución de la causa, solicitando en consecuencia, se dicte resolución aplicando sanciones al administrador social Saúl Marcelo BETTINOTTI.

Y CONSIDERANDO:

8. En primer lugar es necesario aclarar que contrariamente a lo sostenido por el denunciante, la sociedad no se encuentra comprendida en las disposiciones art. 299 inc. 2) de la ley 19.550, ya que posee un capital ínfimo en virtud de no haber adecuado nunca sus estatutos a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, por lo que la fiscalización por la autoridad de contralor se limita al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones de capital ( art. 300 de la ley 19550 ).

9. En segundo lugar, corresponde manifestar, en torno a la situación planteada con el inmueble aportado por la Sra. María Julia AZTIRIA de BETTINOTTI (campo en la Pcia. de La Pampa), y cuya escritura a favor de la sociedad nunca fue otorgada, careciendo por ello la sociedad «SANTA JULIA SCA» de la titularidad del mismo, que de no mediar un acuerdo consensuado entre la socia aportante y el resto de los accionistas, deberá recurrirse a la justicia por tratarse de una cuestión comprendida en la zona de exclusión de competencia prevista por el art. 5° de la ley 22.315.

10. En cuanto a la falta de designación de síndico reemplazante por fallecimiento del anterior, si bien el administrador debió promover la convocatoria a asamblea para su nombramiento, el hecho en sí resulta ser un incumplimiento menor, en primer lugar porque desde la sanción de la ley 22.903 la designación de síndico dejó de ser un requisito tipificante para las sociedades que, como la presente, no son de fiscalización estatal permanente, y en segundo lugar porque la falta efectiva de la persona del síndico, habilita inmediatamente para los socios el ejercicio directo del derecho a la información consagrado por el art. 55 de la ley de sociedades, con lo cual tampoco se produciría un perjuicio a éstos.

11. No obstante, distinta resulta ser la cuestión con respecto al incumplimiento por la sociedad en la presentación de los Balances Generales, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios sociales cerrados desde la constitución social - 7 de abril de 1969 – a la fecha, cuya presentación en tiempo y forma resulta responsabilidad directa e indelegable de los socios comanditados administradores Saúl Marcelo BETTINOTTI e Ignacio Emilio BETTINOTTI, quienes según lo dispuesto por el artículo noveno del estatuto social, «... indistintamente tienen a su cargo en forma exclusiva la libre administración y dirección de la sociedad,... «

Que si bien ambas partes de esta denuncia reconocen que la sociedad fue constituida como un mero instrumento elusivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, lo que queda perfectamente demostrado con la conducta de administradores y accionistas, despreocupados por igual durante más de treinta años en cumplir y hacer cumplir las obligaciones que impone la ley 19.550 a las sociedades comerciales, lo cierto es que tal circunstancia no puede ser invocada como excusa para justificar el total incumplimiento de los deberes formales que sobre los administradores de sociedades mercantiles impone la ley 19550. Ello por cuanto que, de ser cierta la causa de la constitución de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», mal puede ser invocada para justificar nada, por el origen ilícito de esa forma de actuar y en segundo lugar, por cuanto tal inacción resulta manifiestamente incompatible con el deber de obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios que impone a los administradores el art. 59 de dicho cuerpo legal, y por ello deberán ser sancionados. Con relación a ellos y al tiempo de aplicar sanciones debe tenerse, presente que a fs. 178/180 se agregó copia del acta notarial n° 112 de fecha 13 de julio de 1993 pasada al folio 264 del Registro Notarial Nº 1258 a cargo del escribano Marcos Eugenio Bruzzo, en la que se transcribe una Asamblea General Extraordinaria por la cual el socio solidario y administrador Ignacio BETTINOTTI presentó su renuncia a ambas calidades, aprobándose su gestión hasta entonces. Por lo tanto si bien esta renuncia no se encuentra inscripta, y el incumplimiento pasible de sanción se originó ya durante su gestión, dado el tiempo transcurrido y que sólo podrá exigirse a la sociedad la presentación de balances correspondientes a los últimos diez años, fecha en la que el socio Ignacio Emilio BETTINOTTI no tenía un efectivo desempeño en la administración social que genere su responsabilidad, habrá de sancionarse únicamente al socio Saúl Marcelo BETTINOTTI.

12. Otro de los incumplimientos graves en que incurrió la administración social de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» fue la falta de nominativización de las acciones al portador emitidas por la sociedad, en virtud de la sanción de la ley Nº 24.587 del año 1995, que estableció el carácter nominativo no endosable de los títulos valores privados emitidos en el país, así como también la ausencia de inscripción en el registro respectivo de los titulares de dichas acciones nominativas, tendiente a la individualización e identificación de los mismos.

13. Que a ello se suma la inexistencia de casi todos los libros sociales, y la falta de anotaciones fidedignas en el único libro que se exhibiera a esta Inspección de Justicia, llamando la atención el descargo efectuado sobre el punto por el administrador de la sociedad, Saúl Marcelo BETTINOTTI, quien en su escrito de fs. 161/165, como así también en el que obra a fs. 225/227 de estas actuaciones, invocó estas irregularidades como argumentos exculpatorios de responsabilidad, colocándose en una posición de víctima de un tremendo desorden social, para cuya subsanación, en principio, nada estaba compelido a hacer.

14. Que si bien tales deficiencias fueron las que impidieron a Inspectores de Justicia, Sres. Rodrigo Monti y Mariana Singerman permanecer en la asamblea judicial convocada para el día 9 de noviembre de 2004 del corriente año, con el propósito de no avalar con su presencia la celebración de una asamblea con semejantes irregularidades - cuestionamiento sobre las tenencias accionarias, inexistencia de libros y falta de nominativización de las acciones - lo cierto es que hubiera sido de desear que aquellos funcionarios se hubiesen quedado en el recinto asambleario a los fines de ilustrar todo lo acontecido en la referida asamblea de socios, pues si la ausencia de los libros sociales constituyera un argumento válido a los fines de frustrar la presencia de Inspectores de Justicia al acto asambleario, fácil resultaría a los administradores sociales la frustración de dicho acto asambleario, mediante el sencillo expediente de hacer desaparecer los libros sociales de la entidad.

A ello no obsta lo dispuesto por el art. 5° de la Resolución I.G.J. Nº 1/97 en cuanto fue dicho, en esa normativa que «En los casos de asambleas de accionistas convocadas por la Inspección General de Justicia, será condición de su celebración que el libro registro de acciones sea presentado al organismo con constancia del cumplimiento suficiente del régimen de nominatividad para la constitución de la misma”, pues dicha resolución general solo parece aplicarse a las asambleas de socios o accionistas convocadas por la autoridad de control.

15. No obstante esa actuación, que no es imputable a los aludidos Inspectores, en tanto que - mas allá de mis cuestionamientos - ella ha sido el proceder seguido desde antiguo por los Inspectores de Justicia designados para concurrir a asambleas de accionistas, permitió sobradamente verificar las gruesas irregularidades de la administración social de la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES», que obligó con su inacción ventilar en la asamblea cuestiones que le competen exclusivamente.

16. Por todo lo expuesto, estimo pertinente hacer lugar a la denuncia presentada por el Dr. Jorge A. BAZÁN, en representación de los Sres. BETTINOTTI, María de la Paz BETTINOTTI, María Julia BETTINOTTI y María BETTINOTTI, aplicar una sanción de multa de pesos cinco mil ( $ 5.000) al administrador de SANTA JULIA S.C.A., Saúl Marcelo BETTINOTTI correspondiendo en derecho intimar a la sociedad «SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES» a la inmediata regularización de la documentación contable y libros sociales y notificar a la Administración Provincial del Agua de la Provincia de La Pampa la resolución que oportunamente recaiga en estas actuaciones a los fines que pudiese corresponder y a los fines de preservar buena fe en las operaciones comerciales.

17. Por ello, lo establecido por el artículo 316 y 302 inciso 3º de la Ley 19.550, artículos 12 y 13 de la Ley 22.315, artículo 18 del Decreto Reglamentario 1493/82 y lo dictaminado por el Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1°: Aplicar al administrador de SANTA JULIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, Sr. Saúl Marcelo BETTINOTTI, una sanción de MULTA, la que se fija en la suma de pesos cinco mil ( $ 5.000 ) , la que no deberá ser afrontada por la sociedad. Dicho importe deberá ser depositado dentro del plazo de quince días conforme lo dispuesto por la Resolución I.G.J. N° 5/98, bajo apercibimiento de ejecución.

Artículo 2°: Intimar a la referida sociedad y a su administrador a la presentación de los ejercicios sociales adeudados y ala regularización de los libros sociales y contables, en el término de diez (10) días hábiles de notificados, debiendo acreditarlo en estas actuaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

Artículo 3°: Regístrese. Notifíquese a la sociedad en el domicilio registrado de Arenales 856, 6° Piso, Oficina 8 de esta Ciudad, al denunciante, Dr. Jorge A. BAZÁN , en el domicilio constituido de la Avenida Leandro N. Alem 790 8º Piso de esta Ciudad, al administrador Saúl Marcelo BETTINOTTI, en el domicilia constituido de Maipú 359 Piso 4º Oficina 61 de la Ciudad de Buenos Aires y a la Administración Provincial del Agua de la Provincia de La Pampa en Villegas 194, Santa Rosa Provincia de La Pampa . Para su cumplimiento, pasen las actuaciones al Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica. Oportunamente, archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERA

IGJ: JASLER S.A

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2003

VISTO el Expediente Nº 1.730.450 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, correspondiente a JASLER S.A., en el cual se solicita la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de la entidad mencionada, instrumentado en la escritura pública nº 212 de fecha 1º de septiembre de 2003, obrante a fs. 1/3, pasada por ante el Registro Notarial N° 599, y

CONSIDERANDO:

Que del instrumento referenciado resulta que la sociedad fue constituida por dos personas físicas, a saber, las Srtas. INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO y NOEMÍ RAQUEL AYERZA, por un plazo de 99 años (artículo "segundo" de los estatutos) y con un objeto de actividades agropecuarias, inmobiliarias y de construcción, de comercio exterior, comercialización de determinados bienes, ejercicio de comisiones, mandatos y representaciones y operaciones financieras excluidas las legalmente regidas por leyes específicas (artículo "tercero"). Por su parte, el capital social de la misma fue establecido en el mínimo previsto por el artículo 186 de la Ley Nº 19.550, esto es, doce mil pesos ($ 12.000.-), dividido en 12.000 acciones de un (1.-) peso valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción.

Que las acciones representativas del capital social fueron suscriptas a razón de 11.880 acciones por igual cifra en pesos por parte de la Srta. INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO y 120 acciones por $ 120.-por parte de la Srta. NOEMÍ RAQUEL AYERZA; es decir, que la primera de las nombradas ha suscripto el 99% del capital social y la segunda el 1%.

Que las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica (cfme.: Halperín, Isaac, "Curso de Derecho Comercial", Ed. Depalma, Volumen I, Parte General, 1982, p. 99 y "Sociedades Anónimas", Ed. Depalma, 1974, p. 1; Zaldívar Enrique, Manovil Rafael, Ragazzi Guillermo, Rovira Alfredo y San Millán Carlos, "Cuadernos de Derecho Societario", tomo 1, "Aspectos Jurídicos Generales". Ediciones Macchi, 1973, p. 72; Zavala Rodríguez, Carlos, "Código de Comercio y Leyes Complementarias"; Ed. Depalma, 1964, tomo I, p. 282; Richard, Efraín Hugo y Muiño Orlando, "Derecho Societario", Ed. Astrea, 1997, p. 5; Vanasco Carlos, "Manual de Sociedades Comerciales", Ed. Astrea, 2001 p. 3; Narváez José Ignacio, "Teoría General de las Sociedades", Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990, p. 106 y siguientes; etc.) pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, "Las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa..." (Ripert George, "Tratado Elemental de Derecho Comercial", Ed. Tea, tomo 2, Sociedades, 1954, p. 1).

Tal concepción del contrato de sociedad se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial. Al respecto, es oportuno recordar, conforme autorizada doctrina nacional, que la exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, "Derecho Societario, Parte General", t. 1, "Introducción al Derecho Societario", en Editorial Heliasta S.R.L.,, 1993, p. 184; ídem, Matta y Trejo, Guillermo, "En torno al control administrativo en la constitución de sociedades anónimas", en La Ley, 1979-C-284 ).
En el mismo sentido, debe tener recordarse la doctrina judicial emanada del caso "Macoa Sociedad Anónima y otras" (CNCom, Sala C, Mayo 21 de 1979, publicado en La Ley 1979-C-284 y siguientes), el cual constituye un precedente de similares características al presente caso, en el cual se resolvió que la inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vicia desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto. Se dijo en ese recordado caso que "Quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en estos casos no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de "affectio societatis", que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad" . Es evidente que tales conclusiones descartan la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas ?o de responsabilidad limitada ?como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario (voto del Dr. Edgardo Marcelo Alberti en el caso ""Sanatorio Humboldt S.A. sobre quiebra contra Daripor SA sobre ordinario", dictado por la Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial el 21 de Mayo de 1999), pero nunca, se reitera, el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad.
Que reciente jurisprudencia ha avalado estas obvias conclusiones, argumentando que "Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura" (Cámara Primera, Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, Marzo 11 de 1999, "Sar Sar Chia Salvador y Walter Sar Sar Chia contra Angel Falanga sobre ejecución de honorarios", publicado en la Revista de las Sociedades y Concursos", número 18, SeptiembreOctubre de 2002, Editorial Ad-Hoc, página 250 y siguientes ).
Que la mera consulta de las constancias de su acto constitutivo revela que la sociedad "JASLER S.A." no ha sido constituida a los fines de concentrar capitales para una determinada explotación empresaria, pues mal puede arribarse a una conclusión semejante -y coherente con la finalidad prevista por el artículo 1º de la ley 19550- cuando uno de los socios ha aportado o se ha comprometido a aportar el 99% del capital necesario a los fines de poner en funcionamiento a la misma, que asciende a la suma de $ 11.880.? y el restante consocio se ha limitado a aportar el capital social restante, que en el particular caso de autos asciende a la suma de $ 120.- y que representa, como hemos visto, el 1% del capital de la sociedad.

Que todo indica, conforme a los datos que surgen del instrumento constitutivo, que JASLER S.A. es una de las llamadas "sociedades de cómodo", las cuales, -como las definiera Halperín- consisten en la utilización de la sociedad para limitar, la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal, la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 8° de la ley 19550 (Halperín, Isaac, "Curso de Derecho Societario", Volumen I, Editorial Depalma, 1982, p. 209). No es sobreabundante recordar al respecto que es posición mayoritaria de nuestra doctrina que las denominadas "sociedades de cómodo" se encuentran excluídas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, ob. cit., p. 183; Verón, Alberto Víctor, "Sociedades Comerciales, Buenos Aires, 1987, tomo I, p. 6; Zaldívar Enrique y otros, ob. cit. tomo 1, p. 72, etc. ).
Que como conclusión de todo lo expuesto y de conformidad con las especiales características del acto fundacional de la sociedad JASLER S.A.,, todo lleva a la evidente conclusión de que la constituyente INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO no necesitó ni necesita a la restante, NOEMÍ RAQUEL AYERZA, para desarrollar la actividad descripta en el objeto social de aquella, y que sólo se recurrió a ésta segunda a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad sustancial de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de JASLER S.A.

Que en tales condiciones, es de toda obviedad que esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos (artículos 34 del Código de Comercio, 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y 7º de la Ley Nº 22.315) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.
Coadyuva al sentido de la presente resolución lo resuelto por reciente jurisprudencia, conforme a la cual "Si se verífica la existencia de una sociedad controlada de la cual la entidad controlante posee la cantidad de 11.900 acciones de sus 12.000 (lo que equivale al 99,99% de su capital social), el descorrimiento del velo societario se impone en la medida que lo contrario importaría avalar un proceder que podría resultar fraudulento a los intereses de los terceros" (CNCivil, marzo 6 de 2001, en autos "Gemmo Argentina S.A. c. Moreno, Alberto Eduardo s. tercería de dominio", publicado en la revista "Doctrina Societaria y Concursal", número 173, abril de 2002, Ed. Errepar, páginas 26 y siguientes), por lo cual, si se admite la desestimación automática de la personalidad jurídica de las sociedades de las características accionarias que presenta JASLER S.A., mal podría esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA admitir la inscripción de la misma, en la medida que, como expresamente lo prevé el artículo 7º de la Ley Nº 19.550, dicha toma de razón implica considerar a la sociedad presentante como una entidad regularmente constituida, característica que no reúne la sociedad JASLER S.A., por las razones antes aludidas.

Por lo expuesto y en mérito a las disposiciones legales citadas en los considerandos precedentes,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1º: Denegar la inscripción en el Registro Público de Comercio de la constitución de JASLER S.A., instrumentada en la escritura pública nº 212 de fecha 1º de septiembre de 2003, obrante a fs. 1/3, pasada por ante el Registro Notarial Nº 599.

Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese en Lavalle 1392, Planta Baja "B", Capital Federal y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 400 “ESTÉTICA E IMPLANTES LAVALLE S.RL.”

Buenos Aires, 27 de Abril de 2006 VISTO: El Expediente Nro. 1.760.170 por el que se presenta para su inscripción el contrato social de la sociedad “ESTÉTICA E IMPLANTES LAVALLE S.RL.”, instrumentado en Escritura Pública Nº 496 de fecha 11 de Octubre de 2005, del protocolo del escribano Gustavo Catalano. Y CONSIDERANDO: 1. Que del acta constitutiva y estatutos pasados a Escritura Pública por el escribano Gustavo Catalano y cuya inscripción se solicita a esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, surge que el Sr. Daniel Ernesto MADAMA es de profesión odontólogo y María Inés Perera es de profesión Odontólogo, decidieron constituir una sociedad de responsabilidad limitada cuya denominación es “ESTÉTICA E IMPLANTES LAVALLE S.R.L.” cuyo plazo de duración es de 99 años, y cuyo objeto principal, entre otras actividades, comprende las siguientes: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros la atención odontológica en todos sus aspectos, estética dental, profilaxis, diagnóstico y tratamiento dental, operatoria dental, prótesis e implantes, dentales en dodoncia, periodoncia, ortodoncia y cirugía. 2. Que no obstante el derecho que les incumbe a los peticionantes de asociarse con fines útiles conforme expresamente reconoce nuestro ordenamiento constitucional (art. 14 de la Constitución Nacional), tal derecho ha de ejercerse de conformidad a las leyes que razonablemente lo reglamentan. 3. En tal sentido, esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA entiende que quienes ejercen una profesión liberal solo pueden encontrar su molde asociativo a través de las normas que regulan a las sociedades civiles (arts. 1648 a 1788 bis del Código Civil). Muy por el contrario, la tipología societaria prevista en la ley 19.550 no está al alcance de aquellos, por las razones que de seguido se expondrán... «De manera entonces que ante una actividad de característica eminentemente civil, como lo es el ejercicio de las profesiones liberales, el único esquema societario admisible lo constituye el molde de las sociedades civiles, cuyo carácter “intuitu personae” resulta innegable, y que prevé, como ya ha sido dicho, un especial régimen de responsabilidad mancomunada – salvo pacto en contrario estableciendo la solidaridad entre los socios mas adecuado a la naturaleza de la actividad desarrollada por el ente y un sistema de aportes de los socios que permite las obligaciones por hacer (art. 1649 del Código Civil).» La doctrina y la jurisprudencia extranjera ha también coincidiendo en el rechazo de la utilización del molde de las sociedades comerciales para las asociaciones de profesionales , con el argumento de que la tipología societaria diluye o aminora al menos la responsabilidad profesional... ...y que se circunscriben, habida cuenta del documento cuya inscripción se solicita, a los profesionales en ciencias económicas. Si bien es cierto, que la Ley de ejercicio de la Medicina, odontología y actividades auxiliares, Ley 17.132 en su título V, Capítulo II artículo 39 dice: “Podrán autorizarse los establecimientos mencionados en el artículo 34 cuando su propiedad sea: (...) De sociedades comerciales, de profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina o de la odontología. De sociedades comerciales o civiles entre médico, odontólogos y no profesionales... se refiera al ejercicio profesional”, pero fácil es advertir que se trata de una disposición excepcional, que debe ser interpretada dentro de un contexto donde se reglamenta una actividad de eminente naturaleza civil y no mercantil, como lo son las profesiones liberales (Pérez Delgado Jorge G, “Ambito y vigencia de la sociedad civil”, en Revista del Notariado Nº 773, Septiembre – Octubre de 1980, página 1413 y siguientes; “Videla Escalada, Federico, “Hacia una ley uniforme para las sociedades civiles y comerciales”, publicado en El Derecho 4-1020). 4. No se ignora que la doctrina mercantilista ha sostenido, desde la sanción de la ley 19.550, que el carácter mercantil de una sociedad lo brinda el tipo adoptado y no la actividad realizada por ella (Halperin Isaac y Butty Enrique, “curso de Derecho Comercial”. Volumen I, Ed. Depalma, 2000 página 353; Zaldívar Enrique, Ragazzi Guillermo, Manovil Rafael y San Millán Carlos, “Cuadernos de Derecho Societario”, Tomo I, Ediciones Macchi, 1973, página 45 Nissen Ricardo Augusto, “Ley de Sociedades Comerciales”, Tomo 1, Ed. Abaco, 1993, página 26 y siguientes), pero nuevas reflexiones efectuadas sobre el particular nos persuaden de lo contrario, esto es, que la adopción de uno de los tipo previstos por la ley 19.550 somete a las sociedades mercantiles a dicha legislación, solo si el objeto de las mismas se encuentra incluido dentro de la idea económica de empresa, la cual, como sostuvieron los Redactores de dicho ordenamiento societario en su Exposición de Motivos, constituye la actividad normal de las sociedades mercantiles. Lo contrario implicaría un verdadero contrasentido, pues nada justifica que la aplicación de un derecho especial para la entidad o quienes la integran dependa exclusivamente de la redacción de un documento o de una inscripción registral; lo verdaderamente trascendente en torno a la legislación aplicable a la sociedad lo constituye la naturaleza de la actividad – esto es, la sustancia y no la forma -, pues las soluciones previstas por el derecho civil han sido pensadas para la generalidad de las personas, a diferencia de la legislación mercantil, que constituye un sistema normativo especialmente pensado para el empresario o el comerciante. Repárese en el particular caso de una sociedad de hecho de objeto civil, para advertir el absurdo que implica que la mera toma de razón de la sociedad en los registros mercantiles pueda cambiar la legislación aplicable a dicha entidad. A ésta – y a sus socios – se le aplicarán las normas del Código Civil hasta tanto la misma se regularice, oportunidad que pasará a ser regida por la ley de sociedades comerciales, la cual forma parte del Código de Comercio (art. 384 de la ley 19.550), lo cual resulta inadmisible. De manera entonces que ante una actividad de característica eminentemente civil, como lo es el ejercicio de las profesiones liberales, el único esquema societario admisible lo constituye el molde de las sociedades civiles, cuyo carácter “intuitu personae” resulta innegable ( Lafaille Héctor, “curso de Contratos”, tomo II número 557; Videla Escalada Federico, “Las Sociedades civiles”, Ed. Abeledo Perrot 1962, página 16), y que prevé, como ya ha sido dicho, un especial régimen de responsabilidad mancomunada – salvo pacto en contrario estableciendo la solidaridad entre los socios mas adecuado a la naturaleza de la actividad desarrollada por el ente y un sistema de aportes de los socios que permite las obligaciones por hacer (art. 1649 del Código Civil). 5. La doctrina y la jurisprudencia extranjera ha también coincidiendo en el rechazo de la utilización del molde de las sociedades comerciales para las asociaciones de profesionales , con el argumento de que la tipología societaria diluye o aminora al menos la responsabilidad profesional. En tal sentido, Izquierdo Tolsada sigue puntualmente a la jurisprudencia italiana, proclive solo a admitir la sociedad civil como único molde de las entidades de profesionales, argumentando que “La solución es enteramente transplantable a nuestro Derecho. No parece en absoluto deseable otra fórmula que no sea la sociedad civil, idónea para el ejercicio de una actividad que, aunque económica, no tiene la consideración de comercial” (Izquierdo Tolsada M. “La responsabilidad de los profesionales liberales en el ejercicio de grupo”, en el Libro “El ejercicio en grupo de la profesiones liberales”. Universidad de Granada, 1989, pág. 471). En el mismo sentido se orienta Fernández Costales, quien rechaza las sociedades mercantiles para las sociedades de profesionales (“Las sociedades de médicos” en la obra colectiva antes citada, pág. 367) y fundamentalmente autores de la talla de Francisco Vicent Chuliá y Manuel de la Cámara Alvarez, quienes pusieron el énfasis en el carácter personalísimo de las prestaciones profesionales – imposible de ser prestadas por sociedades mercantiles – para concluir que la sociedad civil es el tipo adecuado para la sociedad profesional ( Vicent Chuliá Francisco, “Compendio Crítico de Derecho Mercantil”, tomo I, 2da. Edición, Ed. Barcelona 1986 páginas 197 y 198 y De la Cámara Alvarez Manuel, “Estudios de Derecho Mercantil”, Primera Parte, tomo I, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981 páginas 231 a 242, etc.). 6. Por otro lado, resulta oportuno reiterar el carácter excepcional de la limitación de la responsabilidad con respecto al principio general de la responsabilidad patrimonial plena proveniente del derecho civil, teniendo en cuanta que aquel ha sido concebido fundamentalmente como una respuesta a la necesidad de obtener importantes concentraciones de capitales para el ejercicio de actividades de contenido económico, lo cual no es el supuesto de autos; correspondiendo observar en toda caso, la existencia de otros recursos de carácter no societario que sin comprometer el principio general – inherente, por otra parte, a la naturaleza de las actividades profesionales- cuya aplicación puede en ciertos supuestos arrojar consecuencias equiparables, tales como las cláusulas de dispensa de culpa entendidas en su justo significado y los seguros por responsabilidad civil profesional. 7. Sin perjuicio de lo expuesto corresponde señalar que a la fecha de la presentación de la sociedad que nos ocupa se encontraba vigente la Resolución recaída en el expediente CHIANO, RE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, número 00000318 de fecha 19-3-2004 que dispuso la forma en que deben organizarse las asociaciones de profesionales y que la Resolución IGJ 7/05 en su artículo 56 dispuso el mismo criterio de aplicación. Por todo ello y lo dispuesto por los artículos 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y disposiciones legales citadas en los considerandos que anteceden: LA DIRECTORA DE LA OFICINA JUDICIAL A CARGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA RESUELVE: Artículo 1º: No hacer lugar a la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de la sociedad “ESTETICA E IMPLANTES LAVALLE S.R.L.”, en tanto no se reformulen las cláusulas tercera, quinta y séptima de los estatutos sociales, ajustándola a lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 17/32 y artículo 56 de la Resolución I.G.J. Nº 07/05. Artículo 2º: Regístrese, notifíquese por cédula y archívese. Dra. Graciela Junqueira – Directora Oficina Judicial a/c INSPECCIÓN GENERAL

igj: «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA»

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2005. Y VISTAS: Las presentes actuaciones, iniciadas el día 12 de agosto de 2004, cuyo legajo corresponde al número 1642061 y el número de identificación de expediente 611299 - correspondiente a la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA», de cuyas constancias surge lo siguiente: 1. Con fecha 12 de agosto de 2004, la Sra. Irma Zulema Ulloa, con el patrocinio de la abogada Evelina Boidanich formuló denuncia por incumplimiento de requisitos legales y fraude a la ley societaria respecto de la inscripción oportunamente practicada por ante este Organismo por parte de la sociedad constituida en el extranjero denominada «MAINLOP FINANCING S.A.». En dicha oportunidad la presentante, Sra. Irma Zulema Ulloa manifestó que la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» es una entidad extranjera inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Buenos Aires con fecha 4 de Noviembre de 1997, bajo el número 1457 del libro 57 Tomo B del Estatuto de Extranjeras, aclarando la denunciante que se trata, la denunciada, de una entidad off shore constituida en la ciudad de Montevideo, conocida como SAFI y regida por la ley 11073 de la República Oriental del Uruguay, y que si bien fue inscripta en el registro mercantil local en los términos del artículo 118 de la ley 19550, se trata de un supuesto en el cual la aplicación del artículo 124 de dicho ordenamiento legal resulta enteramente aplicable. Asimismo, la Sra. Irma Zulema Ulloa sostuvo que la mejor prueba del carácter ficticio de dicha entidad lo constituye la circunstancia de que ella no presentó los estados contables en la Inspección General de Justicia, desde que la misma fue inscripta. Manifestó la denunciante que en la realidad de los hechos, la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» no instaló una sucursal en la República Argentina, sino que dicha sociedad constituye un mero mecanismo de legitimación de activos de origen inexplicable, usada indebidamente para evadir impuestos y limitar la responsabilidad de su dueño o controlante. También expresó la Sra. Ulloa que el verdadero motivo de la constitución de «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» en territorio del Uruguay y su posterior inscripción en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ha sido evitar la exhibición pública de activos en la cabeza de su controlante exclusivo, el SR. JORGE ANDRES BENCE, que desempeña el cargo de Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora y Secretario de Asuntos Laborales de la Federación de Empleados de Comercio de la República Argentina, dirigida por Armando O. Cavallieri . Consideró la denunciante que las especiales circunstancias que rodean el caso en análisis permiten llegar sin dificultad a la conclusión de que toda la operatoria de la sociedad denunciada, «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA», no configura otra cosa que una burda maniobra efectuada por el verdadero controlante. Sr. Jorge Andrés Bence, a los fines de disfrazar la verdadera titularidad de varios establecimientos rurales sitos en la Provincia de Buenos Aires y Córdoba y el otorgamiento de determinados mutuos dinerarios con garantías hipotecarias constituida a favor de aquella sociedad extranjera. Denunció, también, la Sra. Ulloa que constituyen las actividades realizadas en el país por la sociedad denunciada, la explotación de establecimientos agrícolas ganaderos en la Provincia de Buenos Aires y Córdoba, a través de la adquisición de dos fracciones de campo, con todo o clavado, plantado y adherido, ubicado en el partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires, designadas en el plano 50-25-78, parcela 1048, superficie total: 540 hectáreas, 87 áreas, 47 centiarias; nomenclatura catastral: Circunscripción X, Sección Rural; Partida 1802 y de un inmueble rural sito en Pedanía Italó, Departamento General Roca, Provincia de Córdoba, ubicado en dicho departamento, designado en el plano de subdivisión del establecimiento de campo denominado SANFOIN, matrícula catastral 0047300116; de un contrato de capitalización, celebrado en la ciudad de Buenos Aires en fecha 30 de junio de 2000, entre Diana S.A. y la sociedad denunciada, «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» así como un contrato de pastaje, celebrado en la ciudad de Buenos Aires en fecha 1 de julio de 1999, entre las mismas partes. También ilustró la Sra. Irma Zulema Ulloa sobre la realización, por parte de «MAINLOP FINANCING S.A.», de actividades financieras tales como la constitución de una hipoteca en garantía del pago de un mutuo dinerario en efectivo por la suma de U$S 300.000 otorgado a la sociedad Clamadal S.A., gravamen que recayó sobre el inmueble ubicado en el Cuartel Primero, del Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, frente a Avenida Vélez Sarsfield Nº 1501, esquina Río Cuarto, unidad funcional Nº 6 y 12; Nomenclatura catastral: Circunscripción 2, sección 26, manzana 44, parcela 9a, Partida: 0109712-05. Consideró la denunciante que tales actividades son demostrativas de que la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» tiene su principal actividad en la República Argentina, razón por la cual correspondería encuadrarla en la situación descripta por el artículo 124 de la ley 19550 y que dicha entidad no posee activos ni realiza ningún tipo de actividad en la República Oriental del Uruguay ni en ningún otro país, siendo conclusión de ello que dicha sociedad se constituyó en la República Oriental del Uruguay y se inscribió en la República Argentina en los términos y con los alcances previstos por el artículo 118 de la ley 19.550 a los fines de defraudar las leyes tributarias y societarias de nuestro país. Finalmente solicitó la Sra. Irma Zulema Ulloa la intervención de este Organismo de Control a fin de que este ejerza su poder fiscalizador que, en forma permanente, le atañe respecto de una sociedad extranjera, conforme lo expresamente prescripto por el artículo 8º inc. B) de la Ley 22.315, requiriendo asimismo que se requiera a la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» la presentación de los estados contables adeudados y el cumplimiento de la Resolución General numero 7/2003 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, reclamando asimismo que al momento de resolver el presente expediente se proceda a intimar a dicha sociedad extranjera a los fines de adecuar su actuación en el país a la norma prevista en el artículo 124 de la ley 19550, bajo apercibimiento de solicitar la cancelación de la inscripción. A los fines de facilitar la fiscalización de éste organismo ofreció prueba testimonial y la siguiente documental: Poder General de otorgado en la República Oriental del Uruguay por la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» a los Sres. Emilio Enrique Filardi y Carlos César Araujo; facturas y recibos que indican la actividad comercial llevada a cabo por esta entidad en la Argentina; balances y notas contables firmadas por Emilio Enrique Filardi, contador de la sociedad denunciada; boletas de depósito del Banco de la Provincia de Buenos Aires; recibos de haberes abonados por «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» a Mauro Alejandro Martínez y liquidación final; nota dirigida al Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 29/06/2002 firmada por Carlos César Araujo, donde se solicita el retiro de fondos para abonar sueldos por actividad agropecuaria; copia de nota dirigida al Sr. Bence y de recibo de pago dirigido a la entidad denunciada, emitido por el contador Mauricio Cukier Solnica; copias de las escrituras de compra de los inmuebles denunciados, y de los contratos de pastaje y de capitalización a los cuales hemos hecho ya referencia. 2. Presentada la denuncia, a fs. 223 la Inspectora actuante, Dra. Norma Compagnucci de Andino requirió que, como previo a considerar y resolver la denuncia efectuada, debía ser acreditado interés legítimo del denunciante. Dicha vista fue contestada a fs. 230 por la Dra. Evelina Boidanich en su carácter de apoderada de la Sra. Irma Zulema Ulloa, quien manifestó que la presentación efectuada fue realizada de conformidad a lo dispuesto por los artículos 3, 6 y 8 de ley 22.315, los cuales otorgan a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA un poder de fiscalización permanente del funcionamiento de las sociedades extranjeras, específicamente de las sucursales que se instalan en nuestro medio - como en el caso -, sin perjuicio del control del cumplimiento de los recaudos exigidos por el artículo 118 de la ley 19550, considerando la presentante que el bien jurídico tutelado trasciende al meramente particular, alcanzando a la comunidad toda pues aquel control apunta a la transparencia de los sujetos económicos y al funcionamiento eficaz de los mecanismos legales de control. Solicitó finalmente la denunciante que se proceda sin más trámite a dar curso a la denuncia sin perjuicio de poder acreditar en tiempo oportuno un interés legítimo a los fines que pudiera corresponder. 3. A fs. 233 de los presentes autos, la Inspectora interviniente ordenó como previo a proveer las actuaciones, remitir las mismas al Departamento de Registros Nacionales de este Organismo, a los fines que informe sobre la presentación de los ejercicios económicos por parte de la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA». Dicho informe obra a fs. 234, corroborándose que dicha sociedad solo presentó a esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2005. Del mismo modo, y conforme constancias obrante a fs. 238, la Sra. Jefe del Departamento Contable de este Organismo, Dra. Sandra Castagna, informó que la sucursal adeuda la presentación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados en 31/5/98, 31/5/99, 31/05/00, 31/5/01, 31/05/02 y 31/05/03 aclarando dicha funcionaria que con la presentación del balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/04, la sucursal argentina de la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» no cumplimentó con lo requerido por la Resolución General IGJ nº 7/03, habiendo sido intimada a ello por cédula de fecha 15 de Octubre de 2004, no habiéndose recibido respuesta a dicha intimación. Sugirió finalmente la Dra. Castagna realizar una visita de inspección en las oficinas de la sucursal, conjuntamente con el departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes Especiales de este Organismo. 4. A fs. 13 del trámite nº 622.302 (acumulado a las presentes actuaciones) obra el informe de visita de inspección realizado el día 8 de noviembre de 2004, constatándose en dicha oportunidad que en el domicilio inscripto de la sucursal instalada en la ciudad de Buenos Aires por la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» funciona un Estudio Jurídico, habiendo sido los inspectores atendidos por una persona que dijo llamarse Alfredo Rodríguez. En dicha oportunidad se procedió a realizar el requerimiento que luce a fs. 12 y a otorgar el plazo de 10 días para su cumplimiento. 5. La sociedad denunciada contestó el requerimiento a fs. 36 mediante un apoderado, el Sr. Raúl Zalayeta , quien procedió a cumplir solo parcialmente con lo requerido por esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, solicitando el plazo de 30 días para cumplimentar con las exigencias de la Resolución General número 7/03. A fs. 37/38 se le concedió una prorroga de 10 días para completar los recaudos de dicha resolución general, que la entidad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» no cumplió, pues en lugar de ello, con fecha 27 de diciembre de 2004, conforme constancias obrantes en el mismo tramite, el apoderado de dicha entidad, Sr. Raúl Zelayeta solicitó se lo exima de cumplir con dicha resolución, invocando que la misma, junto con la Resolución General IGJ número 8/03 tienen como finalidad evitar el abuso de sociedades off shore que adquiriesen bienes inmuebles de alto costo invocando la realización de actos aislados, por lo cual no le alcanzaría su aplicación a su mandante pues la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» no realiza actos aislados en el país. Asimismo, el referido apoderado reconoció la actividad desarrollada por dicha entidad en la República Argentina, considerando que se encuentra legalmente inscripta en la DGI - AFIP, realizando el pago de impuestos, habiendo cumplimentado todos los recaudos exigidos por la ley argentina para su instalación en la República, de conformidad con lo prescripto por el artículo 118 de la ley 19550. Manifestó asimismo el Sr. Raúl Zelayeta que su mandante, la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANONIMA» observa una conducta ejemplar, por lo cual no resulta lógico exigirle otros recaudos a los ya cumplidos. Asimismo, alegó la sociedad denunciada que los integrantes de la misma sostendrían que el cumplimiento del artículo 118 de la ley 19550 es suficiente para mantener su inscripción en esta jurisdicción, no pudiéndosele exigir mayores recaudos que los ya cumplidos y que razones de seguridad harían que los accionistas de «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANONIMA» no quisiesen develar la integridad de su patrimonio ante la ola de secuestros y otros hechos delictivos que podrían poner en riesgo la integridad física personal y de sus familias. Del mismo modo, en dicha presentación, el apoderado de la sociedad denunciada aludió a la Resolución General IGJ nº 22/04, resaltando que en la misma se exime a determinadas sociedades constituidas en el extranjero del cumplimiento de los recaudos exigidos por la Resolución General IGJ n° 7/03, considerando que el hecho de que las sociedades «vehículo» se encuentren exoneradas de acreditar el cumplimiento del artículo 1º de la Resolución General IGJ nº 7/03 produciría una desigualdad repugnante con el principio constitucional de igualdad ante la ley, considerando que se favorecería con ella a los conglomerados societarios en desmedro de la pequeña y mediana empresa. Finalmente la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» solicitó se la eximiera de cumplir con las exigencias de la Resolución General nº 7/03, para lograr mantener las fuentes de trabajo y que el fisco prosiguiese percibiendo los impuestos a su vencimiento, evitándose así alterar la igualdad ante la ley de distintas sociedades . 6. Dicha solicitud le fue denegada con fecha 1 de abril de 2005, resolviéndose que atento las manifestaciones vertidas por el apoderado de la sociedad en cuanto al reconocimiento del carácter de off shore de «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA», y encontrándose vigente la Resolución General IGJ n° 2/05, se procediese conforme con lo establecido en el artículo 7º de la misma, intimándose al cumplimiento de la Resolución 7/03 o en su defecto el cumplimiento de la Resolución General 12/03, bajo apercibimiento de cancelación de la inscripción de la sucursal, pero la aludida sociedad no cumplió con lo exigido a pesar de encontrarse debidamente notificada con fecha 8 de febrero del año en curso. 7. Con fecha 7 de febrero de 2005 se ordenó el traslado de la denuncia efectuada por la Sra. Irma Zulema Ulloa, siendo extemporáneamente respondida por la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» a través de su representante, el Dr. Emilio Filardi, quien solicitó el rechazo de la denuncia por haber sido formulada por un tercero ajeno a la sociedad, negando terminantemente que el titular de la totalidad del capital social de aquella sociedad pudiese ser el Sr. Jorge Andrés Bence. Señaló Emilio Filardi, en representación de la entidad denunciada, los testigos propuestos, Carlos César Araujo y Mauro Alejandro Martínez, son cuñado e hijo de la denunciante respectivamente, lo cual constituye acabada prueba de la falta de seriedad de la denuncia efectuada por la Sra. Ulloa. 8. A partir de fs. 263 de las presentes actuaciones, obran las declaraciones testimoniales de los testigos citados por esta Inspección General de Justicia. 8.1. Conforme la declaración del testigo Carlos Cesar Araujo - quien manifestó haber sido empleado de la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» desde 1998 hasta el año 2002, desempeñándose como apoderado de dicha sociedad - el testigo dependía laboralmente del Sr. Jorge Andrés Bence, quien le pagaba el sueldo por dicha actividad. Afirmó el testigo Araujo que tenía entendido que Bence era titular junto con su pareja, Sra. Irma Zulema Ulloa, de la saciedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» y que fue llamado a colaborar en la misma por ser cuñado de la Sra. Ulloa y concuñado del Sr. Jorge A. Bence. Finalmente informó Carlos César Araujo que fue despedido de dicho trabajo por haber salido de testigo de la Sra. Irma Zulema Ulloa en la denuncia judicial que ésta interpusiera contra el Bence reclamándole lo que le correspondía en la referida sociedad foránea. 8.2. A fs. 264/265 de las presentes actuaciones declaró la escribana Cecilia Szprachman, quien manifestó haber intervenido en la inscripción de la sucursal de la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, labor que realizó a pedido del contador Emilio Filardi, habiendo también intervenido profesionalmente en la constitución de la hipoteca por medio de la cual dicha sociedad resultó acreedora de la firma «Clamadal Sociedad Anónima» y finalmente en las escrituras de compra de los lotes de terrenos y campos descriptos en la denuncia, habiendo comparecido en las mismas como apoderados especiales de aquella sociedad el contador Emilio Filardi y el Sr. Carlos Cesar Araujo. Añadió la referida notaria que el principal trato - en representación de «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» - lo tenía con el contador Emilio Filardi y con Carlos Cesar Araujo, pero que también mantenía trato con el grupo familiar compuesto por la Sra. Irma Zulema Ulloa y su concubino el Sr. Jorge Andrés Bence. 8.3. A fs. 266 obra la declaración testimonial del Sr. Jorge Alberto de la Mata, quien manifestó que se vinculó con la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» con motivo de la compra de una propiedad de una estación de servicio requiriéndosele a esta última una financiación por dicha adquisición. Que todas estas operaciones las trató con la Sra. Irma Zulema Ulloa y con su marido el Sr. Jorge Bence y que al firmar la escritura compareció el contador Emilio Filardi, así como un montón de personas que eran hermanos y cuñados de la Sra. Ulloa. 8.4. A fs. 268 de estos obrados, se encuentra la declaración testimonial de Mauro Alejandro Martínez, quién manifestó ser hijo de la Sra. Irma Zulema Ulloa. Declaró que su vinculación laboral con la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» era de empleado, hasta que el Sr. Jorge Andrés Bence, - su padrastro - lo despidió dos años después de separarse de su madre. Finalmente el referido testigo declaró que el Sr. Jorge Bence es propietario de todas las acciones de aquella sociedad, que fueron emitidas al portador. 8.5. Finalmente, y conforme constancias de fs. 262 , habiendo sido citado como testigo el contador Emilio Filardi, éste comunico que no concurriría al Organismo a prestar declaración, por considerar afectado el secreto profesional que le impone su mandato como representante de la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA». 9. A partir de fs. 269, la escribana interviniente en las escrituras que en copia adjuntara la denunciante, acompañó copia simple de las mismas. Y CONSIDERANDO: 10. En primer lugar, y en lo que respecta a los planteos efectuados por el apoderado de la sociedad denunciada, contador Mario Filardi, en cuanto a la solicitud de rechazo de la presente denuncia por haber sido efectuada por un tercero ajeno a la sociedad, dicho planteo será expresamente rechazado, pues la sociedad «MAINLOP FINANCING SOCIEDAD ANÓNIMA» ha olvidado que atento las razones de interés público y soberanía que inspira el control que la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce sobre las sociedades constituidas en el extranjero que actúan en el país, poco o nada importa la personalidad del denunciante o sus características personales. La denuncia solo actúa, en los casos donde se debate la legitimidad de la actuación de una sociedad extranjera en la República Argentina, como un disparador para la inmediata intervención de la autoridad de control, de manera tal que la circunstancia de que el denunciante sea ajeno o forme parte de la entidad denunciada constituye una simple referencia o un mero dato, carente de todo interés a los fines de la investigación y resolución de la presente denuncia. No debe olvidarse que, conforme lo dispone el artículo 7º de la ley 22.315, este Organismo de Control debe velar por el legal y correcto funcionamiento de las sociedades comerciales, evitando que el negocio societario pueda ser utilizado en forma ilegítima o extrasocietaria, y en tal sentido ha sido resuelto por nuestra jurisprudencia que en el ejercicio de las funciones de fiscalización permanente de que está investida, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA debe ejercer el control de legalidad del normal funcionamiento de las sociedades, estando facultada en función del poder de policía de que dispone, a adoptar en sede administrativa, las medidas preventivas o correctivas que estime pertinentes, tendientes a asegurar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias o reglamentarias en cuanto respecta al funcionamiento de los órganos de la sociedad (Resolución IGJ 265/01, Abril 10 de 2001 en el expediente «Teba Sociedad Anónima»). Del mismo modo, ha sido resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal que «La Inspección General de Justicia ejerce dos tipos de facultades: las meramente registrales y aquellas en las que pone en juego el poder de policía societaria, que se ejerce por razones de interés general, tendientes a asegurar la buena fe en las transacciones comerciales, afirmando el principio de transparencia y lealtad del tráfico mercantil y en protección del público en general» (CNCom, Sala A, Diciembre 21 de 1999 en autos «Inspección General de Justicia contra Antonio Ferrero e Hijos Sociedad Anónima”). Por otro lado, y concordantemente con lo expuesto en los párrafos anteriores, tampoco le interesa a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA los motivos que pudieron animar a las personas a formular denuncias ante este Organismo, pues denunciada la existencia de sociedades comerciales que no funcionan conforme los parámetros legales, y que, como ha sido denunciado en autos, se trata de meras estructuras creadas a los fines de burlar la ley o frustrar los derechos de terceros, la misión de este Organismo no puede ser otra que investigar la denuncia y adoptar las medidas correspondientes, pues el artículo 6° de la ley 22315 le impone precisamente esa línea de conducta. Oportuno es recordar que, siguiendo aquella conocida frase del recordado profesor Isaac Halperin, en el sentido que «Existe interés nacional en que las sociedades en general funcionen adecuadamente y en especial las sociedades anónimas, en orden a la trascendencia social y económica de su actuación» (Halperin, Isaac, «Sociedades Anónimas; 1975, página 9 ), el organismo de control societario no puede permanecer indiferente frente al irregular funcionamiento de una sociedad comercial ( Resolución IGJ 1602/03, Diciembre 10 de 2003, en el expediente «Multipoint Sociedad Anónima”; idem, Resolución IGJ 1556/04, Diciembre 6 de 2004, en el expediente «Estancias Ferro Sociedad Anónima ídem, CNCom, Sala A, Noviembre 11 de 2004, en autos “Inspección General de Justicia contra José Negro Sociedad Anónima «). Ratifica todo lo expuesto la circunstancia de que la denuncia presentada por la Sra. Irma Zulema Ulloa se centra en la actuación en la República Argentina de una sociedad constituida en el extranjero, sobre las cuales la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA tiene las más amplias facultades de investigación, disponiendo al respecto el artículo 8° de la ley 22.315 que «La inspección General de justicia tiene las funciones siguientes con respecto a las sociedades constituidas en el extranjero que hagan en el país ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente: A) controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 118 de la LEY 19550 y determinar las formalidades a cumplir en el caso del artículo 119 de la misma ley y B) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, la disolución liquidación de las agencias y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y ej

IGJ: C H B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

BUENOS AIRES, 2 Marzo de 2006 VISTO: El expediente N° 1612470/301502 caratulado “C H B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y, CONSIDERANDO: Que a fs. 9 se presenta la sociedad C H B S.R.L. solicitando la inscripción de la cesión de cuotas y renuncia de gerente. Que a fs. 1/3 obra escritura N° 355 de fecha 6 de diciembre de 2005, que instrumenta una cesión de cuotas mediante la cual la socia Carmen Liliana Bardi cede 6.600 cuotas al socio Jorge Luis Charvary. Que los socios Bardi y Charvay tienen la particularidad de ser ex cónyuges entre si , quienes se encuentran divorciados desde el 25 de marzo de 2004 según surge de la copia de la sentencia de divorcio que se acompaña a fs. 14/15. Que las cuotas que se transmiten revisten el carácter de gananciales, no habiendo los ex cónyuges realizado la liquidación de la sociedad conyugal por lo menos en lo que se refiere a las cuotas que forman parte del objeto del contrato de cesión. Que a fs. 11 y 13 el Departamento de Precalificación observa el instrumento a inscribir, haciendo saber al recurrente que para que el contrato acompañado sea valido, deberá procederse a la liquidación de la sociedad conyugal, adjudicando las cuotas a uno de los cónyuges y recién entonces quién detenta la titularidad podrá venderlas. Que a fs. 17 la sociedad insiste en la validez de la compraventa instrumentada, argumentando que los cónyuges una vez dictada la sentencia de divorcio, pasan a ser terceros, y al no existir relación alguna entre ellos pueden realizar las operaciones comerciales previstas en la ley. Que no cabe duda que la sentencia de divorcio vincular produce la disolución de la sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta de los cónyuges quedando a salvo los derechos de los terceros de buena fe (art. 1306 C. Civil). Producida la disolución de la sociedad conyugal los esposos recuperan su capacidad dispositiva y por lo tanto pueden celebrar entre ellos cualquier tipo de negocio jurídico, pues ya no existe vínculo y por ende no se vulnera ninguna norma de orden público que rigen en nuestro derecho el matrimonio civil. Que en este orden de ideas, cabe preguntarse que sucede con el conjunto de bienes que componen el acervo de la masa de la sociedad conyugal. Que la disolución de la sociedad conyugal, al par que extingue para lo futuro las condiciones de ganancialidad, da lugar a la constitución de una comunidad post comunitaria que formada por los gananciales subsiste a los efectos de la liquidación y finalmente partición de acuerdo con la directiva general del art.1315 del Código Civil. Que se crea una comunidad de derecho. Al respecto Yungano siguiendo a Díaz de Guijarro admite que la indivisión post-comunitaria es un estado de condominio temporal entre los cónyuges que se resolverá con la liquidación y partición (conf. Yungano Arturo, “La Sociedad Conyugal y el juicio de divorcio Bs.As. Abeledo Perrot 1970 pag. 84). Que en consecuencia, ambos cónyuges, pasan a ser cotitulares de los bienes que componen la masa de la sociedad conyugal, por lo cual, mal podría uno de ellos comprar al otro el bien del cual también ahora resulta titular. Que en el caso en análisis se perfecciona una cesión de cuotas entre ex cónyuges, cuya titularidad durante la vigencia de la sociedad conyugal la detentaba la esposa pero al dictarse la sentencia de divorcio y como consecuencia de la indivisión post comunitaria ya reseñada, ambos ex cónyuges pasan a ser titulares de las mismas, por lo cual ninguno de ello puede comprar lo que ya detenta. Que para efectuar la cesión pretendida deberá liquidarse la sociedad conyugal respecto a las cuotas que se pretenden ceder celebrándose el convenio de adjudicación de cuotas de las 6.600 cuotas y recién entonces quien detente las mismas podrá venderla a su ex cónyuge, ya que una vez producida la disolución de la sociedad conyugal no rige la prohibición del art. 1358 Código Civil. Que sin perjuicio de lo expresado precedentemente, cabe señalar que si en el estado actual los ex cónyuges decidieran vender sus cuotas a un tercero podrían acordar perfectamente la enajenación de las mismas con sujeción a las reglas de la sociedad conyugal no disuelta, prestando uno de los cónyuges el consentimiento lo cual constituiría la confirmación tácita prevista en el art. 1063 del Código Civil. Que calificada doctrina ha sostenido “..la disolución de la sociedad conyugal no genera frente a terceros, relaciones en comunidad que trasciendan en la consideración de la cotitularidad de la masa integrada por los bienes de la sociedad conyugal disuelta :La disolución no muta ni altera frente a terceros, la atribución que en la singularidad de cada uno de los bienes, la ley efectúa respecto del titular. Genera, sí, una auténtica comunidad de derechos a los efectos de la liquidación y partición de los bienes pero comunidad interna oponible entre los esposos para exigirse mutuamente las restituciones, compensaciones etc. ( Conf. Liquidación y Calificación de Bienes de la Sociedad Conyugal pag. 38 vta. Ed Astrea 1976 Zannoni Eduardo A.) EL SUBINSPECTOR GENERAL (int.) A CARGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA RESUELVE: Artículo 1°: Denegar la inscripción en el Registro Público de Comercio de la cesión de cuotas instrumentada en la escritura N° 355 pasada ante la escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky de fecha 6 de diciembre de 2005 obrante a fs.1 / 2 de las presentes actuaciones, hasta tanto no se proceda a la liquidación de la sociedad conyugal en lo que respecta a las cuotas de carácter ganancial vendidas por la Sra Carmen Liliana Bardi a su ex cónyuge Jorge Luis Charvary de las que resultan ambos cotitulares. Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese por cédula a Parana 326, piso 6, depto. “25” de la ciudad de Buenos Aires. Cumplido pase al Depart