“CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOC CIVI c/ AGUILAR JOSE MARIA s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” J. 52

Sala G         R. 601.119.

Buenos Aires,               4               de junio de 2012.

                    Y VISTOS:

                    I.- Arriban los autos al Tribunal a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la resolución de fs. 780/2. La expresión de agravios se presentó a fs. 787/95 y fue contestada por la actora a fs. 803/6.

                    II.- Del escrito de presentación resulta que el Dr. Daniel Mario Crespo se presentó ante el Tribunal de grado en calidad de letrado y apoderado del Club Atlético River Plate Asociación Civil y promovió demanda por daños y perjuicios contra los Sres. José María Aguilar y Mario Israel (ex directivos del club), motivada en una presunta conducta negligente acaecida durante la gestión dirigencial llevada a término por los encausados.

                    El aludido libelo fue suscripto  por el actual Presidente y el Secretario de la institución, quienes ponen de relieve que la Comisión Directiva (por unanimidad) instituyó al Dr. Crespo para que promoviese esta acción, en el marco de la asamblea celebrada el día 12.11.10, en razón de lo autorizado por el artículo 76 bis del Estatuto (v. fs. 196/200).

                    En dicho escenario, ambos requeridos -en el responde- opusieron al progreso de la acción, la excepción de falta de legitimación activa. La defensa se motivó fundamentalmente  en que, al resultar equiparable la demanda entablada a la acción prevista en el artículo 274 de la ley de Sociedades, el órgano competente para decidirla sería la Asamblea de Representantes y no la Comisión Directiva, según lo prevé el artículo 54 inciso c) del Estatuto. Destacaron que debió aplicarse analógicamente el artículo 276 de la ley de Sociedades.

                    La actora resistió el planteo, esgrimiendo que el único legitimado para reclamar por los daños invocados en autos es la institución “River Plate”. Que en cuanto a las condiciones para el ejercicio de la acción, rige lo previsto por el artículo 276 de la L.S. y que, en dicho contexto, el Estatuto del Club no adoptó ningún mecanismo equiparable al contemplado en el artículo 274 (acción social de responsabilidad), que es en principio privativo de las sociedades comerciales. De dicho modo, la decisión que motivó la promoción de estos obrados, no sería potestad exclusiva de la Asamblea.

                    El Sr. Juez que precedió en el conocimiento del asunto rechazó la excepción e impuso las costas a los demandados vencidos.

                    Para así decidir, se valió de las siguientes consideraciones, a saber:

                    a) Dada la calidad de Asociación Civil que reviste la parte actora y de acuerdo a lo establecido por el artículo 40 del Código Civil, es -en la especie- el estatuto el que regula los derechos de sus miembros y, específicamente en lo vinculado a la responsabilidad de los integrantes de la comisión directiva, la directriz que emana del artículo 76 bis del Estatuto del Club.  

                    b) Frente al vacío normativo -admitido de consuno por los litigantes- en lo referido a la regulación específica de la decisión inherente a la promoción de acciones judiciales de responsabilidad de sus dirigentes, corresponde interpretar el “espíritu del Estatuto”, en primer orden, para luego recurrir a “los principios de leyes análogas” y finalmente, a los “principios generales del derecho”, tal como lo establece el artículo 16 del Código Civil.

                    c) Que la correcta interpretación de los artículos 31, 54 y siguientes, 64, 71 y 89 con especial referencia al inciso e) del Estatuto; se colige que el “espíritu” de la norma básica del Club actor, faculta a la Comisión Directiva o en su defecto a la Asamblea de Representantes, a tomar la decisión concerniente a la promoción de acciones de responsabilidad, como la que es objeto del presente pelito, puesto que no existen prioridades establecidas ni intervención subsidiaria de los organismos mencionados.

                    d) Que es la Comisión Directiva la que debe adoptar las medidas que reglamentariamente correspondan ante situaciones de irregularidad contable, de inversión o manejo de fondos, amén de la potestad de la Comisión Fiscalizadora, de solicitar la convocatoria de Asamblea, en el supuesto de inacción por parte del órgano encargado y que la demanda promovida encuadra en dicho precepto, a tenor de lo normado por el artículo 76 bis del Estatuto.   

                    e) De este modo, la Institución (el Club), como legitimado activo, representado en todos sus actos por la Comisión Directiva, es quien ha decidido la promoción de la acción y dicho extremo no admite controversia.

                    f) Frente a la ausencia en el Estatuto de norma expresa que legitime específicamente a un órgano determinado a decidir la acción, no puede vedarse a la Comisión Directiva , ante la falta de prohibición expresa (artículo 19 “in fine” de la C.N).

                    g) Que de los principios generales del Código Civil (artículos 35 y 37) se arriba a una idéntica conclusión, por lo que, al no ser la Asamblea de Socios quien detente la legitimación exclusiva para accionar en supuestos como el de autos, la Comisión Directiva, al detentar el gobierno y la administración del Club, se encuentra facultada para obrar como lo hizo, en el marco de la Asamblea Extraordinaria que lo avaló.

                    Con el afán de contrariar las afirmaciones transcriptas, los emplazados presentan ante esta Cámara la memoria con la que sostienen el recurso, a fin de modificar la decisión adversa que obtuvieron.

                    III.- Dado el tenor de la cuestión a resolver, estima este Colegiado que el Inferior ha adoptado un temperamento correcto en cuanto procuró desentrañar la hermenéutica del Estatuto, su “espíritu”, a fin de encontrar la solución a la divergencia suscitada; mas difiere del convencimiento al que finalmente arribó.

                    En efecto, es verdad que el artículo 31° establece que el “Gobierno” y la “Administración” del club se “ejercerá” por la Asamblea de Representantes, la Comisión Directiva y la Comisión Fiscalizadora, sin establecer prioridades. Sin embargo, la propia esencia de los organismos mencionados no lleva a inferir que las dos actividades aludidas por la norma puedan ser llevadas a término por cualquiera de ellas, pues su comprensión debe integrarse con el resto del plexo normativo.

                    El artículo siguiente (32°), omitido por el juzgador, es claro al precisar que “El Gobierno de la asociación reside en los socios”, mientras que el artículo 71 prevé que los deberes y atribuciones de la Comisión Directiva son -entre otras y en lo que interesa- ejecutar las decisiones de la asamblea y hacer cumplir el estatuto.             

                    Cuando el artículo 64 expresa que el Club será dirigido, administrado y representado en todos sus actos por la “Comisión Directiva”, es claro que se trata del órgano ejecutivo, encargado de la conducción.

                    Comprenderlo de otro modo importa que cualquiera de las entidades mencionadas en el artículo tiene la potestad de injerir en asuntos de la órbita específica de las demás, lo que favorecería certeramente una verdadera desorganización institucional, situación que no debe haber sido ni remotamente el designio de los redactores de la norma básica. Así es evidente, que la Comisión Fiscalizadora (mencionada en el artículo) no gobierna ni administra, sino que ejerce el contralor en los términos que prevé el artículo 89 en sus incisos.

                    De convalidarse la hermenéutica propiciada por el “a quo” se avalaría entonces un sistema de gestión caótico, contrario al contrato social que delimita con precisión la competencia específica de cada uno de los entes  involucrados en el manejo de la Asociación.

                    Así se ha establecido que la Asamblea es la reunión de los miembros de la Asociación que, convocados conforme al procedimiento del estatuto, se convierte en la autoridad máxima de la institución y es soberana en sus decisiones. Es sin duda el órgano supremo de la entidad y así fue consagrada en la legislación comparada (Luis Daniel Crovi; Régimen Legal de las Asociaciones Civiles; pág 88 y citas).  

                    Tampoco se comparte la conclusión en lo referente a que la facultad de la Comisión Directiva para decidir la promoción de esta demanda pueda encontrarse en el inciso e) del artículo 89, que regula la posible actuación en subsidio de la Comisión Fiscalizadora ante la inacción de la primera, por el acaecimiento de irregularidades contables o en el manejo de fondos.

                    Muy por el contrario a lo que interpretó el Sr. Juez, entendemos que si para suplir la omisión “reglamentaria” (léase estatutaria) ante el supuesto contemplado en el parágrafo anterior, se autoriza a la Fiscalizadora (en subsidio) a convocar a la Asamblea, es precisamente porque el contenido de la omisión en que incurrió la Directiva, fue prescindir del llamado que debió hacer, a fin de tratar el asunto en la reunión de socios.    

                    De otro modo, derechamente la Comisión Fiscalizadora estaría autorizada a disponer ella misma las medidas pertinentes. Y si, el organismo de contralor debe convocar a la Asamblea, es en razón de que toma en sus manos una directiva ejecutiva incumplida por el cuerpo competente (la Directiva) a quien entonces reemplaza; mas no se le está permitiendo un acto de gobierno propio de la Asamblea de Representantes, que ninguna de las dos estaban autorizadas a consumar.

                    Por otra parte, la mentada solución es conteste a la previsión del inciso c) del artículo 71.

                    Admitido lo anterior y sobre la base de que no existe previsión reglamentaria en referencia a la materialización de la acción que contempla el artículo 76 bis del estatuto, extremo en el que son contestes las partes, esta Cámara juzga que ni por vía estatutaria ni por la interpretación de normas análogas (cf. art. 276 de la ley 19.550), la decisión pueda recaer en manos del ente ejecutivo. Por otra parte, la previsión del artículo 74 no contempla el caso en estudio.

                    Ello es así, pues a falta de previsión estatutaria, la asamblea conserva para sí el poder disciplinario no delegado en órganos inferiores (Luis D. Crovi, obra citada, pág 111) y sobre la base de este poder, la determinación de demandar en función de presuntas irregularidades de dirigentes o exdirigentes en el ejercicio de sus funciones (dadas sus consecuencias patrimoniales) constituye sin hesitación una ponderación que deben concebir los socios en reunión, para luego, en el supuesto de aprobarse la decisión, facultar a la Comisión Directiva a darle curso.

                    En definitiva, si la Dirigencia actual del Club River Plate, advirtió la hipotética comisión de un acto que importó el ejercicio de una presunta negligencia de sus predecesores, que podría dar curso a la promoción de acciones legales, debió convocar a la Asamblea para decidir el asunto. Así debe entenderse la frase “cumplir y hacer cumplir el estatuto” que tomó el anterior juzgador del artículo 71 con un alcance diferente. 

                    No cabe duda alguna de que en la eventualidad de existir un daño provocado por los hechos que se narran en el escrito de presentación el “legitimado” a demandar por ello es “El Club”, “La Institución”, “River Plate Asociación Civil”. Sin embargo, la conformación de esa aptitud para estar en juicio no se consumó en el caso, pues faltó la determinación de su órgano soberano.  

                    IV.- Las premisas señaladas, conducen al Tribunal a revocar la decisión apelada y admitir en consecuencia la excepción de falta de legitimación activa deducida por los demandados. En razón de ello, ante lo que prevé el artículo 354 inciso 2° del Código Procesal, corresponde proceder al archivo de los presentes obrados. De dicho modo, resulta abstracto pronunciarse en referencia a la citación de tercero, en grado de apelación, en el incidente artículo 250 C.P., elevado a esta Alzada conjuntamente con estos autos. Colóquese nota en las citadas actuaciones. Las costas de ambas instancias, por tratarse de una cuestión que debió ser interpretada a la luz de una omisión normativa y generó a la sazón la distinta apreciación de los Tribunales intervinientes, se imponen en el orden causado, dado que bien pudieron los promotores de la presente, proceder del modo en el que lo hicieron (artículos 68 y 69 del C.Pr.).

                    Todo lo que así se decide, Regístrese y vuelvan los autos, con su conexo a la instancia de grado, encomendándose al Magistrado las notificaciones a los interesados.

Carlos A. Bellucci      Beatriz Areán     Carlos A. Carranza Casares      

3274/2001 - "Lerner Horacio Colman s/ quiebra" – CNCOM – SALA B – 16/05/2012 INEFICACIA

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012.-

Y VISTOS:

I. Apeló subsidiariamente "Sociedad Hebraica Argentina" la resolución de fs. 2051/2052 mediante la cual el Juez a quo declaró ineficaz de pleno derecho la renuncia del fallido a percibir ciertos honorarios.-
Sus fundamentos obran a fs. 2069/2078 y fueron respondidos por la sindicatura a fs. 2089/2094.-

II. Los argumentos del dictamen fiscal que antecede y que esta Sala comparte resultan suficientes para desestimar el recurso.-
Es necesario encuadrar de modo liminar el marco normativo en el cual se basó el Magistrado de la anterior instancia para declarar la ineficacia del acto a través del cual el fallido -en aquél entonces concursado- renunció al cobro de ciertos honorarios por tareas realizadas como escribano.-
A tal efecto, y con criterio que se comparte, fundó el Juez a quo la declaración que se recurre en la específica regulación de los arts. 15 y 16 LCQ. con relación a la administración de los bienes del concursado.-
Desde dicha perspectiva debe ser juzgada la cuestión pues la renuncia a la percepción de un honorario expresado en dinero, y que es reclamado en un proceso ordinario importó sin dudas un acto que significó "...alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación".-
En efecto, la presentación en concurso imponía al actual fallido -e incluso a la nulidicente- la necesidad de someterse a las reglas del procedimiento universal. Además, la mentada renuncia representó un acto que excedió la administración ordinaria de los negocios y, como tal, debio ser sometida a la autorizacion del juez; por lo cual dicho proceder encuadra directamente en la infracción prevista por los arts. 16 y 17 de la ley 24522 (en similar sentido: CCom. esta Sala in re "Mirina SA. s/quiebra c/Allende Antonio s/ord." del 10.04.97.-
No obsta a esta solución el argumento de la nulidicente en el que afirma que el Juez a cargo del proceso falencial no es competente para evaluar la operación de cesión así como la onerosidad o gratuidad de las labores realizadas por el fallido, pues más allá de lo que decida el Magistrado que entiende en el reclamo ventilado en sede civil respecto de los cuestionados honorarios, es el Juez concursal quien debe analizar la existencia de actos ineficaces, como necesaria derivación de su competencia para proceder a la liquidación de los bienes de la masa atribuida por la ley 24.522 y sus antecesoras.-
En efecto, la ley prohibe que los actos llamados de disposición se realicen sin la autorización del juez concursal. Por ende, si no se cumplió con la autorización exigida por la ley, tal inobservancia conlleva a la ineficacia del acto, resultando irrelevante la existencia o no de perjuicio, pues la ineficacia de ciertos actos celebrados por el deudor constituyen una causal objetiva que priva al negocio jurídico de efectos frente a los restantes acreedores y que opera de pleno derecho. A mas, estos efectos serían impracticables si tuviera incidencia en la decision la buena fe del contratante in bonis o la existencia de perjuicio. (CCom. Sala D in re "Contruvial Técnica SA. s/quiebra" del 31.03.00).-
Por lo demás resulta contradictorio que la recurrente postule que el escribano realizó tareas a título gratuito y luego sostenga la validez de una renuncia a percibir honorarios (ver fs. 2070) que no considera debidos.-
Tampoco obsta a ello la discusión en torno a si la cuestionada labor fue realizada en calidad de socio o si lo fue como un profesional externo, pues más allá de lo que en definitiva resuelva el Magistrado Civil al respecto, lo que aquí se afirma es que el fallido no pudo (rectius: debió) renunciar a la percepción de honorarios encontrándose en trámite su concurso preventivo; ello en tanto la citada ley 24.522 le prohíbe ciertos actos de disposición contrarios a la integridad del patrimonio y por ende a la masa de acreedores (arg. arts. 16 y 17 ley citada).-
En definitiva, más allá de que se decida que existieron tareas y que éstas deban o no ser remuneradas, es ineficaz el acto mediante el cual el fallido renunció al cobro de tales eventuales remuneraciones.-
Ahora bien, sentadas tales consideraciones corresponde señalar que, contrariamente a lo afirmado por los recurrentes, no cupo efectuar sustanciación alguna con su parte pues como ya se explicó supra la cuestión se encuadró en las estipulaciones de los arts. 16 y 17 LCQ., pues el acto de renuncia efectuado por Lerner se realizó durante la tramitación de su proceso concursal.-
Además, nada ha impedido a la apelante, articular los remedios procesales que consideró pertinentes en defensa de sus argumentos, lo que soslaya la invocada violación de su derecho de defensa.-
En tal contexto nada corresponde decidir respecto de las cuestiones referidas a los arts. 118 y 119 LCQ., pues no fueron las normas aplicadas a esta controversia.-
No puede dejar de señalarse que es por ello que no corresponde examinar el planteo de inconstitucionalidad de tales artículos, los cuales fueron atacados por tal vía por la recurrente quien también pidió su aplicación.-
Desde tal perspectiva, las demás cuestiones atinentes a la relación habida entre el fallido y la Sociedad Hebraica, exceden el marco de esta decisión tampoco serán examinadas.-
Resta por último entonces examinar el planteo de caducidad de la acción de ineficacia.-
Debe recordarse nuevamente que la cuestión fue encuadrada en las normas estatuidas por los arts. 16 y 17 LCQ.-
Pero aún cuando el litigio haya sido decidido de tal modo, lo que importó una declaración de ineficacia de pleno derecho, debe señalarse que el plazo consagrado por el art. 124 LCQ. tampoco se encontraba vencido en tanto la petición de la sindicatura data del 15 de agosto de 2008 (ver fs. 1983) y el decreto de quiebra del 16 de septiembre de 2005, de lo que resulta que el aludido término de tres años no se encontraba vencido.-
Con los alcances expuestos, procede desestimar la apelación y nulidad planteadas por Sociedad Hebraica Argentina así como el planteo de inconstitucionalidad articulado a fs. 2072.-

III. Por lo expuesto, se desestima la apelación subsidiaria de fs. 2077 vta. y se confirma la resolución recurrida, con costas. Notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones. La señora Juez de Cámara Dra. Ana I. Piaggi, no interviene por hallarse excusada (art. 109 del R.J.N.).

Fdo.: MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO - MATILDE E. BALLERINI

Marsicano M M UD (TF20989-I) c/ Dirección General Impositiva - CNACAF – SALA II – 27/03/2012 ///nos Aires, 27 de marzo de 2012.-

Sud Inversiones y Análisis SA-

CONSIDERANDO:

I.-Que a fs. 151/155 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución de fecha 12/11/2002, suscripta por el jefe de División Coordinación Impuesto de Sellos y Varios, de la AFIP DGI, que determinó de oficio e intimó el pago del impuesto de sellos respecto de Sud Inversiones y Análisis SA.//-

Precisó que la cuestión a resolver gira en torno a determinar si la transmisión de los bienes inmuebles, en función del contrato de fideicomiso en cuestión, se encuentra alcanzado por el impuesto de sellos, según la ley 24.441 de "Financiamiento de la Vivienda y la Construcción" que en su título I regula la figura del fideicomiso;; y la ley 18.524 y los decretos 2156/86 y 114/93 del gravamen de marras.-

Estudió el contrato pertinente y sostuvo que la trasmisión de los inmuebles al fiduciario lo fue con el objeto de que éste los enajene y así cancele la deuda que los fiduciantes mantenían con el beneficiario; de modo que éstos al momento de desapoderarse de los inmuebles, no dejaron de contar con una contraprestación por parte del fiduciario: la cancelación de las deudas, lo que deriva, en última instancia en una reducción de sus pasivos.-

Desde esa perspectiva, concluyó que el contrato de fideicomiso en cuestión fue suscripto a título oneroso y por ende resulta alcanzado por el impuesto de sellos.-

Por otra parte, admitió el planteo relativo al quantum del tributo determinado, disponiendo que el monto imponible deberá determinarse en base a la valuación fiscal de los inmuebles transferidos, de conformidad con lo establecido por el art. 47 de la ley 18.524 (t.o. por decreto 600/86).-

Las costas las impuso según los respectivos vencimientos y a fs. 178, en atención a la reliquidación formulada por el Fisco Nacional en los términos de la decisión referida en el párrafo precedente, las distribuyó en un 96% a cargo de la demandada y un 4% a la actora.-

II.-Que contra la resolución de fs. 151/155 interpusieron recursos de apelación, la escribana M. por derecho propio a fs. 161, la firma Sud Inversiones y Análisis SA a fs. 162 y el Fisco Nacional a fs. 165.-

Las dos primeras desistieron de su recurso a fs. 175 y 176.-

Asimismo, a fs. 178vta. se regularon los honorarios de la representación letrada de la demandada, y a fs. 179 los apelaron por bajos.-

III.-Que el Fisco Nacional expresó sus agravios a fs. 183/187, los que fueron contestados por la firma actora a fs. 201/202 y por la escribana M. a fs. 203/vta.-

Se quejó porque el Tribunal Fiscal consideró como base imponible del impuesto de sellos las valuaciones fiscales de los inmuebles transmitidos. Expresó que el criterio que su parte sostiene, resulta de aplicar sobre el precio asignado a los inmuebles que se transmiten - precio mínimo de enajenación de cada unidad funcional-, el porcentaje de apropiación del Banco Bansud SA (67%) -acreedor de los fiduciantes y beneficiario del fideicomiso-. De este modo, afirmó que no () se tomó el precio de venta de los inmuebles como mal entiende el a quo, sino que el monto considerado es consecuente con el préstamo que se cancela a través de la transmisión de los bienes fideicomitidos.-

Por ello, señaló que habiéndose sentado que la escritura en cuestión, instrumenta un negocio jurídico oneroso, no puede luego desconocerse la existencia de un precio asignado a la operación en cuestión, aun cuando no surja expreso del documento examinado.-

En esos términos, invocó la arbitrariedad del pronunciamiento apelado, criticó la distribución de las costas y finalmente, formuló reserva del caso federal.-

IV.- Que, en la medida del único recurso interpuesto (Fisco) y de los agravios expuestos contra el pronunciamiento del Tribunal a quo corresponde precisar que no se encuentra en discusión, en este estado de la causa, el carácter oneroso del contrato de fideicomiso instrumentado mediante la escritura n° 825, del día 28 de septiembre de 1999 (obrante a fs. 8/32). Del mismo modo, ha quedado sentado que el mentado contrato resulta alcanzado por el impuesto de sellos de acuerdo con la legislación tributaria vigente (confr. considerando III resolución de fs. 151/155), todo lo cual - así decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación- ha sido consentido por el fiduciante y la escribana interviniente.-

Siendo ello así, la cuestión planteada ante este Tribunal se encuentra limitada –de conformidad con lo establecido por el art. 271 del código de rito- en lo concerniente a la determinación del quantum del impuesto adeudado por la parte actora al Fisco Nacional. Por ende, debe definirse si resulta ajustada a derecho la decisión del Tribunal Fiscal que ordenó liquidar el gravamen en base a la valuación fiscal de los inmuebles transferidos, o el criterio del organismo recaudador que determinó el monto imponible aplicando sobre el precio de venta asignado a los inmuebles, el porcentaje de apropiación del Banco Bansud SA.-

V.- Que así delimitado el ámbito de conocimiento de este Tribunal, corresponde señalar que el a quo fundó la decisión cuestionada en lo establecido en el art. 47 de la ley 18.524 (t.o. por decreto 600/86) por cuanto dispone que si en el contrato no se fijare precio, se considerará la valuación fiscal como monto imponible.-

De este modo, dio por sentado que los valores indicados en el instrumento (correspondientes a las deudas mantenidas por Suleson SA y Serhip SA a favor del Banco Bansud SA; las cifras proyectadas y el esquema de precios de venta descripto con el porcentaje de afectación para la cancelación de la deuda) no denotan el precio de venta de los inmuebles referidos. Asimismo, destacó que en la escritura n° 825, cláusula denominada "Declaraciones del Fiduciante"- se estipuló que al efectuarse la transferencia a los fines de garantía no corresponde fijar precio.-

Que a juicio del Tribunal, asiste razón al recurrente cuando sostiene que la conclusión expuesta por el a quo sobre el punto, resulta contradictoria a la luz de los razonamientos que se formularon para determinar la onerosidad de la transacción.-

En efecto, en el pronunciamiento en crisis se determinó que el contrato fue celebrado a título oneroso, aun cuando en el instrumento expresamente se indicó que no revestía ese carácter (ver primer párrafo de fs. 155). De tal modo, no parece razonable sustentar la ausencia de precio referida, y por ende, la aplicación de lo establecido en el art. 47 de la ley 18.524, considerando sólo y en forma aislada algunos de los términos contenidos en la redacción de la escritura n° 825.-

Debe recordarse que la legislación tributaria confiere al término "onerosidad" un alcance más amplio que la civil, ya que el impuesto de sellos grava la circulación económica, esto es, las transferencias de riqueza por la presunción de que éstas revelan cierta capacidad contributiva, y en caso de duda se debe tener presente la naturaleza económica de los actos.-

A esos efectos y para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes -art. 2o de la ley 11.683-, en consonancia con el principio de realidad económica, a que alude el art. 1o del citado ordenamiento, al determinar que en la interpretación de las disposiciones de esa ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica (Fallos: 328:130).-

La aplicación del principio de realidad económica como técnica que tiende a posibilitar el análisis de la situación fiscal de los contribuyentes, prescindiendo de las estructuras jurídicas en base a las cuales éstos han implementado los mecanismos y han declarado sus impuestos, requiere precisamente que dichos mecanismos o estructuras se revelen como inadecuadas, estos es, que no respondan a la realidad económica que subyace en los hechos tenidos en cuenta para la consideración de la situación impositiva (Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Cobo de Ramos Mejía", 6/12/61 ; "Guillermo Helfer e Hijos S.R.L.", 6/3/90 y "Eurotur S.R.L.", 4/5/95, Sala III Expte. n° 27.982/05 "Service Pilot S.A. (TF 17721-1) c/ D.G.I." [Fallo en extenso: elDial.com - AA5677], 28/07/09).-

Es que, la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos-. 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118; Sala IV Expte. n° 37.435/95 , "Buccheri Mario (TF 13.123-1) c/DGI" del 15/02/11).-

Y en esta línea, con particular referencia al impuesto de sellos, se ha señalado que al respecto rige el principio instrumental que si bien da preeminencia a los instrumentos que exteriorizan el acto, ello en modo alguno implica que existiendo tal documento contractual, no puede éste ser examinado e interpretado en su contexto a efectos de establecer el real contenido económico de la operación y el monto imponible que de ella resulta (confr. CN Cont. Adm., Sala IV, fallo del 3/4/2001 "Kipermen, E c/DGI"; idem, id., fallo el 19/03/09 "Novaro Hueyo A. (h) y Ultraocean S.A (TF 8505-1) c/ DGI").-

VI.- Que de acuerdo con los parámetros expuestos, teniendo en cuenta las conclusiones del a quo en punto al contexto, características y finalidad de la operación, que aparecen como factores determinantes a los efectos de considerar el contrato de fideicomiso de garantía como oneroso, resulta razonable el criterio expuesto por el Fisco Nacional en la Resolución n°375/2002 (DV CISV) al calcular el monto imponible.-

Ello es así, pues el importe adoptado como base de cálculo, surge de aplicar sobre el precio de venta asignado a los inmuebles, el porcentaje de apropiación del Banco BANSUD S.A. (67%) habida cuenta que el objeto y finalidad del contrato es garantizar la cancelación de los préstamos otorgados al fiduciario, con el resultado de la enajenación de los bienes fiduciarios enumerados en el contrato de fideicomiso en cuestión, por lo que de tal modo se impone considerar la entidad económica real de la operación.-

A esta altura conviene señalar que en la escritura n° 825 se lee a fs. 13 vta. "...PRIMERO. OBJETO: En garantía de la deuda relacionada y a efectos de obtener capitales destinados a su cancelación con más sus intereses costas y costos que se devenguen hasta el efectivo pago se celebra el presente contrato de fideicomiso por el cual, "LOS FIDUCIANTES" transfieren a "EL FIDUCIARIO" el dominio fiduciario de las unidades indicadas en el considerando "C" a efectos que éste las enajene en los términos que más abajo se explicitan y una vez deducidos los gastos incurridos y los derivados de la transferencia entregue a EL BENEFICIARIO el porcentaje del precio que por cada unidad se detalla en el ANEXO I a cápite A y C.. .y que éste imputará al pago de la deuda relacionada..."; "SEGUNDO.PLAZO.. .[s]i cumplidos los tres años subsistiera deuda en cabeza de "LOS FIDUCIANTES" "EL FIDUCIARIO" deberá transferir las unidades no enajenadas a favor del EL BENEFICIARIO o la persona que este indique".-

Como corolario, siendo que el monto considerado por el organismo recaudador es consecuente con el préstamo que se cancela a través de la trasmisión -en propiedad fiduciaria- de los citados inmuebles;; y habida cuenta el ya enunciado objeto específico de la operación instrumentada por la escritura mencionada, por aplicación del principio herméneutico establecido en los arts. 1 ° y 2o de la ley 11.683 y pautas ya expuestas, debe admitirse la apelación del Fisco Nacional y dejar sin efecto la decisión del a quo en cuanto consideró que el contrato carecía de precio.-

Por el modo en que se decide, deberá recalcularse la deuda impositiva determinada, debiendo detraerse las sumas canceladas según las constancias de fs. 192/193.-

VII- Que finalmente, en atención al modo en que se resuelve y al resultado del juicio, corresponde que las costas de ambas instancias se impongan a la vencida por no advertirse razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-

Por lo expuesto, el Tribunal Resuelve: 1o) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, y revocar en lo que ha sido materia de agravios la resolución de fs. 151/155vta., 2o) Confirmar la Resolución N° 375/2002 también en punto a la base imponible determinada en ese acto, 3 o)

Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.N)

ASI SE DECIDE.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase. - Fdo.: María Claudia Caputi – Luis M. Márquez – José Luis López Castiñeira

Z., C. E. c/ intrusos y/o ocupantes P. del C.... s/ desalojo: intrusos – CNCIV – SALA F – 18/06/2012

nos Aires, junio 18 de 2012

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I- Contra la sentencia de fs. 478/82, mediante la cual la magistrada hizo lugar a la demanda de desalojo, se alzan los demandados invocando la calidad de poseedores del inmueble objeto de la presente acción y cuestionando lo resuelto en cuanto a las defensa de falta de legitimación activa opuesta por su parte. El pronunciamiento también fue apelado por la Defensora de Menores a fs. 500.//-

El memorial obra glosado a fs. 501/4 y el traslado conferido a fs. 506 fue contestado a fs. 507/8. La Sra. Defensora de Menores de Cámara dictaminó a fs. 526/9.-

II.- Se quejan los recurrentes de que la magistrada haya desestimado la excepción de falta de legitimación activa interpuesta oportunamente por su parte.-

En la especie se encuentra acreditado que el inmueble cuyo desalojo se pretende fue donado a la actora por quien fuera su progenitora con fecha 14 de agosto de 2000 (ver escritura de fs. 7/11)).-

Los apelantes insisten en sostener que la actora nunca recibió la tradición del inmueble y por lo tanto no se encontraría legitimada para accionar en el presente proceso.-

Asiste razón a la sentenciante en cuanto sostuvo que si la Sra. Z. adquirió el inmueble objeto de autos mediante el acto de donación antes referido, se encuentra legitimada para promover la presente acción de desalojo contra los ocupantes de dicho bien.-

En un supuesto de demanda iniciada por un comprador se ha sostenido que si éste "obtuvo la escritura traslativa de dominio, no () obstante que no haya mediado la tradición, tiene derecho a hacer efectiva la acción real de reivindicación del bien contra quien ejerza su posesión, esta conclusión es aplicable por analogía al desalojo que es una acción personal. Es que si por escritura se transmiten todos los derechos y acciones del vendedor – en el presente caso el donante - análogas consideraciones valen para la acción de desalojo que procede, no solo cuando las partes están vinculadas por un contrato que genera la obligación de restituir, sino cuando la deduce el propietario contra ocupantes que carecen de título" (Conf. CNCiv. Sala "D", febrero 27/2009, "Russo, Martín Alberto c/ Benitez, Laura Esther s/ desalojo" L.524.086).-

También se ha dicho que si el locador donó el inmueble objeto del contrato, los donatarios tienen legitimación activa para demandar el desalojo por imperio de lo dispuesto por los artículos 1.498, 3.263 y 3.267 del Código Civil (En tal sentido CNCiv. Sala "E", marzo 23/1994, "Touson, Salomón y otros c/ Berot, Fernando O. s/ desalojo").-

Por razones análogas y con fundamento en los principios que dan sustento a las mismas normas legales en las que se fundan los precedentes jurisprudenciales citados, quien ha adquirido el inmueble por donación se encuentra legitimado para demandar el desalojo, pues la donante le ha transmitido a la donataria todos los derechos y acciones que aquélla tenía sobre el inmueble, entre ellos los vinculados con el derecho a la posesión.-

Así se ha considerado que la doctrina y jurisprudencia dominantes sostienen la posibilidad de que la cesión de la acción reivindicatoria acompañe implícitamente a la compraventa, permuta, donación (Jorge Horacio Alterini, "Acciones Reales-Análisis exegético del régimen jurídico de las acciones reivindicatoria, confesoria y negatoria", p. 20, Abeledo-Perrot, Bs. As. 2000). Más allá de las reflexiones que este autor desarrolla sobre los alcances de esa cesión implícita de la acción reivindicatoria (op. cit. p. 21/23 y concordantemente p. 108. ap. 5), en lo que aquí interesa, relacionado con la legitimación para demandar el desalojo, el criterio seguido en el precedente antes citado de la Sala "D", para el supuesto de un comprador que obtuvo escritura, sin que hubiera mediado tradición, resulta también aplicable al caso de la donación de inmueble mediante escritura pública, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, aunque no se hubiera concretado la tradición al donatario.-

Sobre la base de lo expuesto, y no obstante la existencia de criterios discordantes acerca de la interpretación del art. 1834 del Código Civil ("Código Civil y Leyes Complementarias, comentado, anotado y concordado", dirigido por Augusto César Belluscio, T. 9, p. 117/118, Astrea, Bs. As. 2004), juzgo acertado lo sostenido por Guillermo A. Borda en el sentido de que si se reconoce al comprador el derecho de reivindicar la cosa del tercero que la posee aunque todavía no se le haya hecho tradición (CNCiv. en pleno, noviembre 11/1958, en autos "Arcadini, Roque (s / suc) c/ Maleca Carla" L.L. T. 92, p. 463;; J.A. T. 1958-IV, p. 428), parece que la misma solución debe aplicarse a la donación (Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil- Contratos" T. II, p. 358, nº 1550, 9ª. ed., actualizado por Alejandro Borda, La Ley, Bs. As. 2008).-

En orden a lo expuesto, toda vez que la actora ha acreditado debidamente su legitimación para obrar en autos con la copia de la escritura obrante a fs. 7/11, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la excepción en estudio.-

Desde otra perspectiva debe recordarse que si bien se ha resuelto que quien promueve el juicio de desalojo contra intrusos invocando su calidad de propietario, y ésta es refutada por los emplazados, aquél debe acompañar el título y acreditar la posesión de la cosa, también se ha sostenido que la falta de cumplimiento de tales extremos no determina la improcedencia de la acción, si el intruso u ocupante no ha invocado, a su vez, la calidad de poseedor, esgrimiendo un legítimo interés (Alí Joaquín Salgado, "Locación, comodato y desalojo", p. 345 y nota 27, Ediciones La Rocca, 6ª. edición aumentada y actualizada, Bs. As. 2008; CNCiv. Sala A, agosto 28/1995, "Asociación Húngara de Beneficiencia c/ Cirigliano José y otros s/ desalojo").-

No obstante lo cual, no basta la mera alegación de la calidad de poseedor por parte de los ocupantes, sino que deben aportar elementos de convicción que acrediten, al menos "prima facie", esa alegación, lo cual no ha ocurrido en el caso, como se tratará en el considerando siguiente.-

También por esta razón debe desestimarse la excepción de falta de legitimación activa para obrar.-

III.- En su memorial los recurrentes vuelven a invocar la posesión para oponerse al desalojo admitido en primera instancia y alegan que la Sra. Jueza no analizó la prueba aportada por aquéllos.-

A partir del fallo plenario "Monti c/ Palacios Buzzoni" del 15 de septiembre de 1960 (pub. L.L. 101, p.932/933) se estableció que no basta que el demandado invoque la condición de poseedor para que el desalojo no prospere, y a su vez se ha entendido reiteradamente que si aporta elementos que "prima facie" acrediten la verosimilitud de su alegación, el desalojo no procede. El fundamento de esta corriente jurisprudencial se encuentra en que la pretensión de desalojo se da contra el locatario, el sublocatario, el tenedor precario, el intruso y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible, vale decir, contra quienes son tenedores porque reconocen en otro la titularidad del dominio (arts. 2640 y ss. del Cód. Civil), pero no contra quien posee "animus domini" (art.2351 del Cód. Civil) (CNCiv. Sala "G", octubre 22/1992, "Bocos, Daniel Edgardo y otros c/ Di Iorio, Lydia Roza s/ desalojo, L.112.142, voto del Dr. Greco; id. Sala "C", diciembre 23/1996, L.200.406 "Nayar, Rolando Carlos y otro c/ Ocupantes Yufre 255/257 s/ desalojo";; id. Sala F, febrero 13/2006, L 442.620 "Guena Juan Manuel c/ Ocupantes de Palpa 2944 s/ desalojo: intrusos", entre otros).-

En la especie, los demandados no han aportado elemento de juicio alguno que acredite la posesión que simplemente alegan ya que las facturas acompañadas de ningún modo resultan idóneas a tal efecto.-

Se ha sostenido que el pago de servicios es insuficiente para alegar la calidad de poseedor, por cuanto solo es una pauta que cabe considerar conjuntamente con las demás constancias arrimadas a la causa, a lo que cabe agregar que no son actos que supongan intervertir el título porque se trata de la atención de consumos propios (Conf. CNCiv. Sala "B", marzo 12/2009, "Geada, Hernán A. y otro c/ Amado, Norma Cristina y otro s/ desalojo:intrusos", L.526.244).-

Descartada su calidad de poseedores, se trataría de meros ocupantes a los que alcanzarían los efectos de la sentencia de desalojo de conformidad con lo dispuesto por el art. 687 del Código Procesal.-

IV.- En lo que hace a la participación procesal del Ministerio Pupilar, esta Sala tiene dicho que la circunstancia de que existan menores de edad que habitan en el inmueble cuyo desahucio se persigue, no encuadra dentro del supuesto previsto por el art.59 del Código Civil que torna indispensable la intervención del Defensor de Menores e Incapaces, desde que tal extremo no convierte a los incapaces en parte, ni resultan de allí derechos a los bienes objeto de controversia. En definitiva, se ha dicho que no se dan los recaudos que autoricen la intervención del Ministerio de Menores como parte legítima y esencial, desde que en estos autos los menores de edad no demandaron ni fueron demandados, no estando comprometidos bienes que les pertenezcan (conf. CNCiv., Sala F, junio 11/2008, "Garritano, Graciela c/ Romano, Miguel Ángel y otro s/ desalojo por vencimiento de contrato").

De allí que la pretendida intervención del Ministerio Pupilar resulta innecesaria.-

Así las cosas los agravios de la Sra. Defensora de Menores de Cámara y del demandado no habrán de ser atendidos. El alcance de la intervención de la nombrada en estos casos debe circunscribirse a velar para que se dé cumplimiento a las medidas previstas por la Resolución 1119/2008 de la Defensoría General de la Nación. Su intervención queda limitada a resguardar la protección de los menores que pudieran estar afectados por el lanzamiento de los ocupantes del inmueble, con el fin de que los organismos administrativos competentes adopten las medidas tendientes a lograr que den alojamiento a los menores involucrados y en su caso a su grupo familiar, para lo cual, previo a librar el mandamiento de lanzamiento se deberá oficiar a las instituciones mencionadas por la Sra. jueza en el punto 4, II) de la parte dispositiva de la sentencia (fs.482) y se dará intervención al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, comunicando a la Guardia Permanente de Abogados que deberá concurrir con el oficial de justicia que se designe.-

Por las razones expuestas precedentemente y las vertidas por la Sra. Jueza de primera instancia, se resuelve: confirmar la sentencia apelada, con las aclaraciones efectuadas respecto de la intervención que deberá darse a los organismos mencionados por la magistrada de primera instancia y a la Guardia permanente de Abogados de conformidad con lo dispuesto en el considerando IV.

Con costas de alzada a cargo de los demandados. (art. 68 Cód. Procesal). Notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: José Luis Galmarini - Eduardo A. Zannoni - Fernando Posse Saguier

"Bonafina Carlos Domingo c/ Tribu de Rondeau s/ Prescripción Adquisitiva de Dominio" – CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES (Buenos Aires) – SALA TERCERA - 04/07/2012

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 04 días del mes de julio del año dos mil doce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los doctores CARLOS ALBERTO VIOLINI y LUIS MARIA NOLFI, con la presencia del Secretario Actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 1717 en los autos: "Bonafina Carlos Domingo c/ Tribu de Rondeau s/ Prescripción Adquisitiva de Dominio".

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.

PRIMERA: ¿Se encuentra debidamente integrada la litis?

SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia interlocutoria apelada de fs. 279 y vta.?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Carlos Alberto Violini y Luis María Nolfi.

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Carlos Alberto Violini dijo:

I.- Que a fs. 279 y vta. la Sra. Juez a quo resolvió no hacer lugar al pedido de dejar sin efecto los edictos ordenados oportunamente a fs. 107, teniéndose por no () contestada la demanda en término.

Para ello básicamente ha considerado que cumplidos todas las diligencias pertinentes para tomar conocimiento sobre la titularidad de dominio se ordenó proceder a notificar esta acción a "Tribu de Rondeau" procediéndose a la publicación de edictos la que ha cumplido sus efectos.

El recurrente de fs. 280 apela dicha resolución y expone sus agravios en memorial de fs. 284/288. Esencialmente el quejoso considera que no se han tomado todos los recaudos con anterioridad a la publicación de edictos y que las consecuencias que implica haber tenido como válido dicho edicto impide la contestación de la demanda de su parte.

II.- A fs. 291 el accionante contesta el traslado que le fuera conferido de la fundamentación de la apelación en tratamiento. Expone que el memorial es manifiestamente inidóneo solicitando se lo declare desierto.

III.- Previo al tratamiento de los agravios propiamente dichos y atento a lo solicitado por la actora en su contestación a la demandada a fs. 291 y vta. donde plantea la "Insuficiencia Recursiva", señalo que el análisis de la expresión de agravios de fs. 284/288 permite apreciar, que el recurrente esgrime diversas críticas a la resolución de fs. 279 y vta., lo cual conlleva a que esta Alzada pueda ingresar al tratamiento del recurso.

En efecto, en la expresión de agravios se formulan diversas protestas y se explicitan las razones fácticas y jurídicas, con las cuales se sostiene que lo resuelto por el iudex es equivocado, con lo cual reúne, en términos generales, los recaudos exigidos por la ley adjetiva como para permitir la apertura de esta Alzada.

Ello así, autoriza a desechar la idea de aplicar la sanción prevista por el art. 261 del C.P.C.C. e ingresar en el tratamiento de los agravios, sin perjuicio, claro está, de analizar las protestas, las que serán objeto de tratamiento seguidamente (doct. arts. 260, 261 del C.P.C.C.)).

IV.- Ahora bien, en el caso, es preciso señalar que tratándose de cuestiones que involucran a pueblos originarios habrá que ser más estrictos a la hora de evaluar los requisitos de admisibilidad de la demanda, observándose especialmente las partes e intereses.

Así, lo cierto es que, haciendo un breve repaso de lo actuado en autos, y en lo que aquí interesa, adelanto que la litis no se encuentra trabada de manera regular.

La jurisprudencia es uniforme al señalar que "si el proceso de usucapión se ha seguido hasta la sentencia final sin integrarse la litis con el titular dominial o quien legalmente deba asumir su representación, media directa afectación al carácter contencioso del proceso, se compromete la garantía constitucional de la defensa en juicio y también el orden público que inspira todas las disposiciones que gobiernan el dominio de las cosas y los modos de adquirirlo (SCBA, Ac 34039 S 8-10-1985, Juez Cabagna Martínez. Carátula: Devicenzi, Zacarías E c/ Propietario Desconocido s/ Usucapión y Reivindicación. Publicaciones Ay S 1985-III-75- DJBA 1986-130, 138. Mag. Votantes: Cavagna Martínez- Negri- Mercader- San Martín- Salas. Trib. De Origen: CC0002MO. JUBA. Jurisprudencia
Informatizada).

De esta manera, advierto que la iudex ha abierto a prueba el presente proceso procediendo a proveer las mismas sin estar la litis debidamente integrada.

La jurisprudencia sostiene que "la posesión comunitaria de los pueblos no es la posesión individual del Código Civil.

Por mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional, toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria aunque los integrantes no hayan ejercido por sí los actos posesorios típicos de la Ley inferior (art. 2384 C.C.).

Es la propia Constitución la que nos dice que esas comunidades han poseído y poseen jurídicamente por la sencilla razón de preexistir al Estado y conservar la ocupación tradicional" (Circunscripción Judicial de Río Negro, J1era. Inst. CCMin, Nro. 5, Secretaría única, San Carlos de Bariloche, 12-8-2004, "Sede Alfredo y otros c/ Vila Herminia y otro s/ Desalojo", expíe. 14012-238-99 y arg arts. 67 inc. 17 y 22 C.N. y art. 36 inc. 9 de la C. Pcia. de Buenos Aires)).

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I),dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por Resolución 328/2010, dispuso la creación del Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.N.O.P.I.) para la inscripción de las organizaciones que así lo solicitaran, y que a su vez formarán parte de la Estructura de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

Este Registro tiene como función inscribir la personería jurídica de las organizaciones de las comunidades de los pueblos indígenas, mantener actualizada la nómina de las mismas, coordinar su acción con el Registro Nacional de Comunidades indígenas (RE.NA.C.I.), creado por la Ley Nacional 23.302/85 y su Decreto Reglamentario Nro. 155/89, y con los demás registros existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales.

En este mismo sentido, como dice Lydia E. Calegari de Grosso, en su libro "Usucapión": "la Propiedad indígena en la Argentina se caracteriza por ser una propiedad privada colectiva cuya titularidad se encuentra inscripta a nombre de "comunidades indígenas" en sus respectivos registros;; estas comunidades fundamentan su derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, en el convenio 169 de la OIT, y en los artículos pertinentes que reglan el instituto del Código Civil…" (Lydia E. Calegari de Grosso, "Usucapión", segunda Edición. Rubinzal- Culzoni Editores, págs. 108 y ss.).

El convenio 169/89 de la OIT fue ratificado en Ginebra el 3 de julio de 2000 entrando en vigencia en el año 2001 de acuerdo al art. 38 inc. 3 del mismo.

Para la inscripción de las distintas comunidades en dicho organismo se debe cumplir con mínimos requisitos y esa personería jurídica se cancela únicamente cuando deja de existir la comunidad involucrada.

En el caso en particular: "Tribu Rondeau", la Ley 6155 ha creado una comisión integrada por un funcionario especializado de los Ministerios de Gobierno, de Economía y Hacienda, de Acción Social y Educación, de Salud Pública y de Asuntos Agrarios, para que, abocándose al estudio de los problemas jurídicos, sociales y económicos que plantea la llamada Tribu "Rondeau", radicada en la localidad de Valdez, Partido de Veinticinco de Mayo, informe entre otras cosas sobre la extensión de tierra ocupada por los descendientes de los primitivos de los componentes de la tribu, allegados o extraños, que hayan formado parte de la superficie originaria donada a los integrantes de la misma por la Ley 512 de 1867, extensión de cada una de las parcelas que ocupa una familia o núcleo familiar, origen de los títulos por los cuales detentan la tierra, entre otros (art. 1 inc. 1, 2, 3 Ley 6155).

Ahora bien, siguiendo este andamiaje, la ley 14.159 con las modificaciones del dec. Ley 5756/58, ha regulado la adquisición del dominio por usucapión, estableciendo que el proceso contencioso de usucapión debe entenderse contra quien resulte titular del dominio; o con aquellos que acreditaren de forma incuestionable ser legítimos sucesores del titular del bien (art. 3279 C.C.), aclarándose que será parte del juicio quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad, o en su defecto el Sr. Fiscal de Estado la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble, según se encuentren o no afectados intereses fiscales (art. 679 inc. 4 C.P.C.C.).

Dicho ello, se arriba a la conclusión de que la Juez de grado no tuvo en cuenta al tener por trabada la litis y abrir el juicio a prueba, las disposiciones constitucionales, supranacionales y nacionales que específicamente reconocen la preexistencia de los pueblos aborígenes y sus correlativos derechos.

Ello así, la circunstancia de que el bien inmueble objeto de autos no se encuentre inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble y que el título se encuentre en la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a nombre de "Tribu Rondeau" (ver informe de fs. 43/46) no significa que no se tomen otras medidas como recaudo en este tipo de procesos especiales, con el fin de proteger los derechos que emergen de la Constitución Nacional y Provincial.

Es por ello que, en primer lugar, corresponde señalar que se debieron tomar todos los recaudos necesarios con el fin de agotar las averiguaciones necesarias tendientes a establecer la titularidad del bien objeto de autos, pues como se dijo, existen leyes, institutos, comisiones y registros a los que se debió acudir previo a la apertura a prueba.

En segundo lugar y desde otro punto de vista, no debe pasarse por alto que no se ha dado debida intervención al Sr. Fiscal de Estado a fin de que evalúe si existen o no intereses fiscales provinciales o municipales comprometidos.

En efecto, si bien es cierto que la Municipalidad de 25 de Mayo ha informado que no existe interés Municipal respecto del bien Inmueble denominado catastralmente como "Circ. X, Secc. Parte de la Parcela 1474, ubicado en la Tribu de Rondeau" (ver fs. 66), no menos cierto es que el actor al iniciar la demanda ha solicitado la prescripción del inmueble "Circ. X, Parcela 1474 cd, del Partido de Veinticinco de Mayo" surgiendo de esta manera una diferencia, que puede parecer menor pero que en tren de averiguaciones no lo es. Así, el accionante pide prescribir la parcela 1474 "cd", mientras que la Municipalidad a su turno informa sobre una "parte de la parcela" (confrontar solicitud del punto 5 del petitorio de fs. 15 e informe de fs. 66). En el mismo sentido la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ha informado que no se afectan intereses fiscales pero dicho informe se ha realizado respecto de la Parcela 1474 "a", por lo que tampoco coincide (ver fotocopia de fs. 88/89).

De esta manera, ante la complejidad del caso en estudio, y ante la incertidumbre de saber si existen o no, en estas especiales circunstancias del caso, intereses fiscales comprometidos corresponde dar también intervención al Fisco.

En consecuencia, advirtiendo el preopinante que el presente proceso se ha abierto a prueba sin que la litis estuviera trabada de manera regular y que la publicación de edictos debió ordenarse previo agotarse los medios que preceden a la misma. Sin perjuicio que además –como antes dije- no se ha dado intervención al Fisco a los efectos que le viere convenir efectuar, es que corresponde nulificar todo lo actuado por la deficiente traba de la litis. En suma, no hay justa composición del litigio.

Ello así, propongo dejar sin efecto todo lo actuado a partir de fs. 16 hasta la fecha, debiendo volver los autos al Juzgado de origen a los fines de arbitrar las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la/las persona/s físicas o jurídicas que se deban notificar (arg. art. 145 C.P.C.C.);; sin costas de acuerdo al modo en que se decide (art. 68 y 69 C.P.C.C).

A esta primera cuestión:

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: El señor juez Dr. Luis Maria Nolfi, dio su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Carlos Alberto Violini dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, deviene abstracto el tratamiento de la presente cuestión planteada

A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: El señor juez Dr. Luis Maria Nolfi, dio su voto en el mismo sentido.

A LA TERCERA CUESTION:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 16 en adelante, debiendo el expediente retornar a la Instancia de origen a los fines de arbitrar los medios tendientes a la determinación de la parte o partes a demandar. Sin costas de acuerdo al modo en que se decide (art. 68, 69 y ccs. del ritual).//-

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA TERCERA CUESTIÓN: El Sr. Juez Dr. Luis Maria Nolfi, aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:

Mercedes, 04 de julio de 2012.//-

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el acuerdo que precede, en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales ha quedado establecido que la litis no se encuentra integrada debidamente y en su consecuencia deberá declararse la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 16 en adelante.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE:

Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 16 en adelante y ordenar se arbitren los medios necesarios a los fines de la determinación de la parte o partes a demandar, sin costas de acuerdo al modo en que se decide.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.

DEVUELVASE.

Fdo.: Dr. Carlos Alberto Violini - Luis Maria Nolfi

Carlos Lorenzo Illanes. Secr

Núñez Lago orfebrería

Rafael Núñez Lagos

Número de revista : 42

José Luis Núñez-Lagos Roglá

Una reseña de JOSÉ LUIS NÚÑEZ-LAGOS ROGLÁ, notario de Villanueca de la Cañada, Madrid No sé si acertaré en hacer una semblanza de mi propio padre. Si perdiera la objetividad o se exagerara la magnitud del personaje, espero ser disculpado. Por eso escribiré por separado de su persona y de su obra, ya que de esta última podrá juzgar el lector imparcial. La persona y la familia Nace Rafael Núñez Lagos (los apellidos los unió en 1.951, aunque nunca los usó unidos) el 7 de Mayo de 1902 en Madrid. Asistió a la escuela en Alegría de Oria, de donde su padre, Francisco Núñez Moreno, era Notario. Apenas le escuché comentario de su infancia, salvo el placer que obtenía de la lectura de la enciclopedia escolar que aprendió de memoria. Cursó la carrera de Derecho en Valencia, a donde le llevó la plaza de su padre, siendo alumno predilecto de Don José Castán. Contaba mi padre que al acabar el primer curso, Don José lo examinó oral y fue profundizando en las preguntas, llegando a abarcar todas las materias del Derecho Civil (se había estudiado todos los tomos de su obra). Gratamente sorprendido, Don José le encargó del Seminario de Derecho Civil del que se ocupó hasta el final de su carrera y aprovechó para documentarse en la Revista General de Derecho, base de su formación jurídica. Su brillantísima carrera hizo a Don José Castán calificarlo como “honor de las Aulas de la Universidad de Valencia”. Obtuvo el premio extraordinario en 1.925. Su memoria era portentosa. Conocía su enorme biblioteca al dedillo: sabía en que estante y el lugar de éste que ocupaba el libro de turno que me encargaba traerle, incluso cuando y a quién lo había comprado en España o en el extranjero. Siendo Notario de Cartagena contrajo matrimonio con Consuelo Roglá Altet. Tuvo cinco hijos; tres varones dos mujeres. De los primeros, dos (Francisco y el que escribe) seguimos los pasos del padre y el tercero, disidente, se dedicó a la física nuclear  (Rafael). De las hijas la mayor (Consuelo) se ocupó exclusivamente de su familia y la menor (Mercedes) a la enseñanza de la química. "Su memoria era portentosa. Conocía su enorme biblioteca al dedillo: sabía en que estante y el lugar de éste que ocupaba el libro de turno que me encargaba traerle, incluso cuando y a quién lo había comprado en España o en el extranjero" Tenía un gran sentido del humor, a veces socarrón. Son muchas las anécdotas que de él se cuentan sobre sus comentarios y réplicas de ese tenor. Era un gran conversador de una ingente cultura. Lo leía todo (era, además, un gran aficionado a las novelas policíacas). Su claridad de ideas no solamente se plasmaba en el papel, sino en la palabra. Era un placer oírle. Recuerdo, siendo un adolescente, como nos tenía embelesados a mí y a mis amigos la tarde de los domingos en los veranos de la casa de San Rafael. Gran amigo de las tertulias; asistía a varias peñas y raro era el día en que, estando en España, no acudiera a su tertulia del Casino. Siempre me ha sorprendido ver como pudo tener tiempo para todo. Su faceta de escritor se reveló pronto: ganó el premio nacional juvenil de literatura (guardaba una estatuilla como trofeo) pero nunca supimos qué escribió ni nos lo contó. Su talante familiar era totalmente liberal. Nunca nos regañó ni censuró y, a pesar de ello le dimos pocos disgustos. Su labor científica y su dedicación a la Unión Internacional le impidió entregarse a su familia tanto como hubiera querido, pero nunca nos falto su presencia. Su carrera profesional Notarial Su vocación era la cátedra, pero el destino cambió sus propósitos. En 1929 tuvo que ser enviado a Panticosa para sanar de una dolencia tuberculosa y, según sus propias palabras, como se aburría del lento pasar de los días, se preparó el programa de notarías, presentándose al año siguiente y obteniendo el número dos (cosa que no le gustó). Sacó plaza en La Cañiza, donde estuvo unos meses dedicado a la preparación de oposiciones restringidas en las que, esta vez si, obtuvo el número uno y marchó a Cartagena. De Cartagena, tras oposición restringida (cuyo tribunal presidía Don Manuel Azaña) obtuvo nuevamente el número uno y la plaza de Madrid a los 33 años de edad, siendo entonces el Notario mas joven en llegar a este destino (1.934). "Tenía un gran sentido del humor, a veces socarrón. Son muchas las anécdotas que de él se cuentan sobre sus comentarios y réplicas de ese tenor. Era un gran conversador de una ingente cultura" Como académico Fue nombrado académico de número en mayo de 1.950 con su discurso de ingreso “La estipulación en Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá", que contestó Don Manuel de Bofarull, asignándosele la medalla número 13. Estuvo en las Comisiones de filosofía del Derecho y de Derecho romano, canónico e historia del Derecho. Dentro de su actividad académica, contestó los discursos de ingreso de Alfonso García Gayo, Ramón María Roca Sastre y Juan Vallet de Goytisolo. En el plano internacional En 1947, fue invitado por el Colegio de Escribanos de Buenos aires y de otros nueve países americanos, incluido Estados Unidos (Nueva Orleans). Efectuó por ellos un viaje de tres meses y medio pronunciando varias conferencias de gran impacto, y fue sembrando el germen de la Unión Internacional que se fundó en 1948, siendo nombrado Vicepresidente en el I Congreso, para asumir la presidencia en 1956 en el IV Congreso de Río de Janeiro. En 1965 (VIII Congreso en Méjico) fue designado Presidente de Honor y ratificado en el congreso siguiente con carácter vitalicio y único. Enseñanza oral y universitaria Fue elegido Doctor Honoris Causa de la Universidad notarial de Argentina. Pronunció numerosas conferencias en diversas universidades americanas. Durante muchos años fue subdirector del Instituto de Estudios Jurídicos, siendo director Federico de Castro. En el curso académico 1961-62 se inauguró en la Universidad Complutense de Madrid la Cátedra de “Teoría y sistema del instrumento público”, como asignatura del doctorado, de la que él fue titular durante muchos años sucediéndole Antonio Rodríguez Adrados. El programa de esta asignatura constituía el índice o esquema de su proyectado tratado de Derecho documental, que nunca vio la luz, por su posterior dedicación durante seis años a la presidencia de la Junta de Decanos y al Decanato de Madrid. Su labor científica En el campo de la Historia del Derecho y del Derecho Notarial Sus trabajos sobre éstas materias están recogidos en los tres volúmenes que se publicaron en 1.986 por el Instituto de España. Su labor sobre la historia y evolución del documento es importantísima. Comenzó con sus “Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial” en 1952, sobre el documento romano y germánico, continuó con “La Aurora" de Rolandino (con la inestimable celebración del Padre Vicente Vela), con el estudio de las secciones de la escritura pública en los siglos VIII al XII. Abordó “La estipulación en Las Paridas y el Ordenamiento de Alcalá”, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia, analizando la stitpulatio en la doctrina de les glosadores de Bolonia, del ius comune y de los antiguos comentaristas castellanos. En el campo documental son muchos los estudios, artículos y conferencias entrando en el campo procesal y el valor probatorio del documento público: “Falsedad civil en documento público", “Fe pública en la Jurisdicción Ordinaria”, “El documento auténtico en la casación civil", “Acción y excepción en la reivindicación de inmuebles” y un largo etcétera. Baste remitirse a la recopilación antes referida, publicada por el Instituto de España. "Su talante familiar era totalmente liberal. Nunca nos regañó ni censuró y, a pesar de ello le dimos pocos disgustos. Su labor científica y su dedicación a la Unión Internacional le impidió entregarse a su familia tanto como hubiera querido, pero nunca nos falto su presencia" Especial mención requiere su obra “Hechos y Derechos en Documento Público" (1.945), completada después con varios estudios. De ella escribió González Palomino: “No hay ninguna obra que la supere ni siquiera se le asemeje en el valor sistemático, técnico y lógico ni por la riqueza de materiales que contiene". En materia civil “El enriquecimiento sin causa" publicado en l.934, fue el inicio de sus trabajos sobre la materia cuasi-contractual, que culminaron en el tema XXX del Código Civil de Mucius Sacaevola, compuesto de dos volúmenes: los cuasicontratos en general y la gestión de negocios ajenos, el primero; y el segundo el enriquecimiento sin causa. “El mandato sin poder”, “La ratificación”, “La cesión de contrato”, “La conditio ob turpem vel iniustam causa" y un largo etcétera se encuadran en esta materia, revolucionando algunos conceptos y teorías, alguna de las cuales fue recogida por la jurisprudencia. En el campo sucesorio publicó otros trabajos: “El derecho sucesorio ante la tradición jurídica española y el Código civil; “La colación. Historia y crítica de los problemas de valoración", cuyas teorías fueron también acogidas por la Jurisprudencias y por la reforma del artículo 1045 del Código civil, “El fideicomiso si sine liberos cesserit”, en contestación al discurso de ingreso en la Academia de Roca Sastre, o “Perspectiva histórica de las cautelas de opción compensatoria de las legitimas”, en contestación al de Juan Vallet. En materia de Derecho Inmobiliario Es de destacar en primer lugar su memoria “El Registro de la Propiedad Español", presentada al primer congreso Internacional de Buenos aires (1.948) de gran claridad en la exposición de los distintos sistemas registrales y sus principios hipotecarios. Buena parte de sus obras de Derecho Documental se adentran, igualmente en el campo registral. Colaboró asiduamente con la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Fue un acérrimo defensor de la concordancia del Registro y la realidad: “Realidad y Registro”. Publicación y dirección de revistas jurídicas En 1.951 promovió la fundación de la Revista del Notariado, que dirigió hasta que le sucedió otro gran jurista, Antonio Rodríguez Adrados. Participó en la creación de la Revista Internacional del Notariado (1.941). Colaboro en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y estuvo en el consejo de redacción del Anuario de Derecho Civil desde que se creé en 1948. Son muchas sus publicaciones en estas y otras revistas nacionales y extranjeras. Como colofón me remito a las palabras de Juan Vallet: “A su sólida formación, desde su base civilista, se uniría una riqueza de ideación al captar las imágenes de la realidad viva, y gran brillantez de pluma como escritor... El estilo de Núñez Lagos era de orfebrería, trabajando con imágenes vaporosas en su trasparencia”.