La madre de una menor víctima de un accidente de tránsito promovió acción de nulidad de un acuerdo celebrado con la aseguradora del vehículo embistente, en base a la falta de intervención del Ministerio Pupilar y por estar presente el vicio de lesión. Reclamó asimismo los daños y perjuicios padecidos. En primera instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó a los demandados a pagar la diferencia entre los valores determinados en la sentencia y los percibidos. Apelada la decisión por la compañía de seguros, la Cámara la revocó al concluir que el acuerdo había pasado en autoridad de cosa juzgada. La representante del menor interpuso recursos de inconstitucionalidad y casación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, quien los rechaza.
Sumarios
1. 1 - Si el acuerdo transaccional celebrado entre la madre del menor víctima de un accidente de tránsito y la compañía de seguros, contó con homologación judicial y el previo dictamen del Asesor de Menores y no se encuentra acreditada lesión alguna a los intereses del menor, es improcedente su cuestionamiento posterior fundado en la falta de representación promiscua en la celebración del acuerdo.
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2. 2 - Habiéndose afirmado que el acuerdo transaccional celebrado entre la madre del menor víctima y la aseguradora adolece del vicio de lesión, corresponde verificar si existe una notoria desproporción entre lo que surge de la transacción convenida y las conclusiones judiciales respecto de la indemnización correspondiente, de modo que se justifique el interés en invocar la nulidad, pues es menester aventar toda duda sobre lo atinente al interés del menor fuertemente protegido por el sistema jurídico.
TEXTO COMPLETO:
Mendoza, mayo 26 de 2009.
Antecedentes: A fs. 7/41 la Dra. C. C. en representación de la Sra. Lidia Cristina D'Angelo, quien actúa por su hijo menor C. S. E. O. articula recursos de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 617/620 por la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil que rechazó la demanda en los autos principales N° 78.846, "D'Angelo c. Camargo P/ D. y P."
A fs. 58 se admiten formalmente los recursos, se manda correr traslado a la parte contraria y a fs. 70/95 el Dr. R. N. por La Mercantil Andina SA contesta y solicita el rechazo de los mismos.
A fs. 99/101 dictamina el Sr. Procurador quien solicita el rechazo de ambos recursos.
A fs. 102 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 104 se deja constancia del orden de estudio establecido en la causa.
De conformidad con lo ordenado por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1ª ¿Son procedentes los recursos interpuestos? 2ª En su caso, ¿qué solución corresponde? 3ª Costas.
1ª cuestión. — El doctor Alejandro Pérez Hualde dijo:
I. Antecedentes.
El 23/11/99 el Dr. C. A., en representación de la Sra. Lidia Cristina D'Angelo, quien actúa por su hijo menor C. S. E. O., inicia demanda por "nulidad de acto jurídico" y "daños y perjuicios" contra Verónica Amelia Camargo, Mónica Luz Rojas de Camargo y La Mercantil Andina SA Cía. de Seguros. Persigue que se declare la nulidad del convenio de pago con renuncia a la acción civil suscripta entre la madre del menor y La Mercantil Andina y se ordene pagar a su parte por daños y perjuicios $ 75.000 o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, con más los intereses.
Relata que el 24/11/97 a las 18 hs. aproximadamente el menor C. S. E. O., en compañía de su hermano y un amigo terminaba de cruzar la calle 9 de Julio a la altura de la intersección con un callejón por donde se ingresa al Barrio Los Almendros, La Colonia, Junín, Mendoza. Cuando el menor se encontraba en la banquina sur es impactado con el costado delantero derecho del Renault 12 domino UHQ-475 conducido por Verónica Amelia Camargo quien se dirigía por calle 9 de Julio en dirección al Este. Que la conductora alcanzó a ver a los menores previo al impacto, lo que indica que carecía del dominio de la máquina frente a una contingencia normal del tránsito. Imputa responsabilidad a la conductora a tenor de los arts. 1109 y 1113 del CC y a la codemandada por ser titular registral.
Afirma que como consecuencia del accidente el menor fue internado en el Hospital Perrupato, que sufrió daños de magnitud. Que debido a la grave situación económica por la que atravesaba recibió de la aseguradora una suma que no superó los $ 6.000 o $ 7.000, que su representada fue sorprendida en su buena fe debido a su extrema necesidad, el fallecimiento de su marido y su hijo incapacitado por lo que aceptó las insistentes ofertas de la aseguradora.
Plantea la "nulidad del convenio" por transgresión de las normas que protegen los intereses de los menores por violación de los arts. 59 y 494 del CC (omisión de intervención del Ministerio de Menores) y por lesión al art. 954 del CC. Respecto de la lesión aduce la existencia de grosera desproporción de las prestaciones, que con el pago la aseguradora obtuvo la cancelación de un daño enorme; que el menor padece una incapacidad permanente de 35 %, que estuvo internado aproximadamente 30 días y que a la fecha continúa con controles médicos. Que la necesidad aparece configurada por el agravamiento del estado de pobreza por el accidente del menor; que la Sra. D'Angelo posee una cultura elemental e inexperta en cuestiones jurídicas, marco propicio para la inescrupulosidad de la aseguradora.
Especifica el reclamo: $ 45.000 por 35% de incapacidad sobreviniente y $ 30.000 por daño moral, total $ 75.000. Relata que al menor se le diagnosticó en el Hospital politraumatismo sin pérdida de conocimiento, fractura de isquio-pubis derecho; que el médico de policía informó TEC con pérdida de conocimiento, fractura isquio-pubiana derecha, escoriaciones varias. Afirma que el menor presenta sintomatología propia del traumatismo encéfalo craneano, que para el cálculo se tuvo en cuenta su edad (9 años), la expectativa de vida (66 años) y el ingreso de $ 450 mensuales. Que para el daño moral se tuvieron en cuenta los padecimientos físicos y psíquicos, dolores, minusvalías, terror nocturno, reticencia a circular por la calle. Ofrece prueba documental, pericial, testimonial e informativa.
II. Prueba.
A) Expte. N° 146.320, "Reconstrucción La Mercantil Andina SA y Ots p/ Homol. de convenio" originario del Décimo Primer Juzgado Civil.
A fs. 9 con fecha 9/6/98 la aseguradora representada por la Dra. R. D. de B. y la Sra. Cristina D'Angelo, en representación de su hijo menor C. S. E. O. celebraron un convenio por el que la aseguradora se comprometió a pagar $ 12.000 en concepto de indemnización total y definitiva por los daños sufridos en el accidente de tránsito en calle 9 de Julio, La Colonia, San Martín el 24/11/97 entre el menor C. O. y la Sra. Camargo; la aseguradora se comprometió a pagar $ 2.000 a la presentación del convenio y $ 10.000 al momento de homologar; se especificó que la indemnización es integral y comprende daño emergente, daño moral e incapacidad; que efectuado el pago se otorgará carta de pago no teniendo la indemnizada más nada que reclamar por ningún concepto, renunciando a toda acción civil y/o penal; la aseguradora asumió el pago de los gastos de justicia y honorarios. El convenio es firmado por la Sra. D'Angelo y la Dra. B.
A fs. 10/11, 13/14 se agregan las órdenes de pago, a fs. 12 un recibo por $ 2.000 de fecha 29/6/98 firmado por la Sra. D'Angelo a cuenta del convenio transaccional y a fs. 15 un "recibo cancelatorio" firmado por la Sra. D'Angelo el 6/8/98 de $ 10.000 para ser aplicado al convenio, se especifica que comprende los rubros daño emergente, daño moral, pérdida de chance, incapacidad temporal total y parcial permanente y cualquier otra secuela relacionada con el accidente y que se otorga carta de pago y renuncia a toda acción civil y/o penal.
A fs. 16, el 11/6/98 se produce la presentación de la Sra. D'Angelo patrocinada por la Dra. M. S., alude al dictamen de Asesoría de Menores y se comprometen en el plazo de 90 días a adjuntar comprobantes que acrediten la inversión no perjudicial al menor, en la misma fecha la profesional adjunta carta de pago. A fs. 18 la Sra. D'Angelo, patrocinada por la misma profesional, denuncia la compra de un terreno (el escrito carece de fecha de cargo). A fs. 19 una cédula emplazando a la progenitora a acompañar copia simple de la escritura de dominio (fecha notificación 13/9/99).
A fs. 22 el 7/8/98 obra el auto homologatorio que menciona lo convenido por las partes lo dictaminado por el Ministerio Fiscal y la Sra. Asesora de Menores y lo dispuesto 85 del CPC. Resuelve homologar el convenio y colocar el dinero a plazo fijo renovable en forma automática.
A fs. 25 con fecha 14/4/05 la Dra. M. S. expresa que su actuación se limitó a patrocinar a la Sra. D'Angelo al requerirse junto con la apoderada de la compañía aseguradora la homologación del convenio que habían suscripto, que efectivamente fue homologado y posteriormente prestó su conformidad.
B) La sentencia de primera instancia.
A fs. 499/517 de los principales, el 5/5/06 el juez de primera instancia hizo lugar a la acción de nulidad y declaró nulo el convenio transaccional arribado entre las partes de fecha 9/6/98 e hizo lugar a la demanda contra los demandados por la suma de $ 29.200 con más los intereses desde la fecha del hecho, a dicha suma deberá descontarse lo percibido por la transacción. Entre los argumentos relevantes el sentenciante expresó:
1. Que para determinar si el acto es nulo o válido es necesario distinguir si la transacción es un acto de administración o disposición; concluyó que se trata de un acto de disposición al comprometer un bien a incorporar en el patrimonio del menor (cita doctrina y jurisprudencia). Especifica que en el caso no sólo se transa la indemnización de un menor sino que también se renuncia a toda acción civil o penal por lo que requiere la intervención del Ministerio Pupilar y la autorización judicial. Que en el caso surge de la reconstrucción que existió resolución de homologación del convenio y al parecer, a tenor de los considerandos que ha existido dictamen antes de la homologación de la Asesora de Menores y del Ministerio de Menores. Que no resulta de aplicación la Ley 6354, cuya vigencia (B.O. 21/10/98) fue posterior a la homologación, por lo que en aquella fecha fue competente el juez civil.
2. Que no existe nulidad por omisión de intervención del Ministerio de Menores (se determinó que intervino, incluso en la inversión del dinero abonado, aunque se des-conoce su dictamen). Que tampoco existe nulidad por la no intervención del Juez de Familia porque al momento de la homologación era competente el juez civil.
3. Se advierte de las constancias del AEV que no existe resolución judicial que autorice expresamente a la progenitora a realizar el acto de disposición; que en el caso la patria potestad la ejercía la madre por fallecimiento del padre; que la autorización tampoco se gestionó luego de la homologación del acto ni la resolución homologatoria se refiere a ella.
4. La autorización era ineludible y debido a su importancia no puede sostenerse que el juez haya validado tácitamente la conveniencia del convenio y por ende inferirse la autorización antes del convenio, razón por la que el a-quo considera que la transacción sin la autorización previa es nula (art. 299 del CC).
5. Respecto del vicio de "Lesión", es preciso verificar si la aseguradora se aprovechó de la actora al firmar el convenio y si obtuvo ventaja desproporcionada, motivo por el que es necesario emitir juicio de valor acerca del derecho de la actora y la suma indemnizatoria.
6. No existe duda de que el accidente se produjo por la exclusiva culpa de la Sra. Verónica Amelia Camargo. Analiza el Expte. AEV n° 27.404, "F. c. Camargo Verónica p/ Lesiones culposas", del Primer Juzgado Correccional de la Tercera Circunscripción, que dictó el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal; el informe de criminalística sobre el Reanult; la declaración del extinto padre del menor y de la Sra. Natalia Nidia Gijón y concluye en que existió un contacto físico con el menor y el vehículo en la parte delantera derecha del rodado; que el menor cruzó o se encontraba muy avanzado en el cruce, cercano a la banquina sur de dicha arteria, que cruzaron otros menores y que la demandada no obstante intentar frenar el rodado no lo logra; que al momento del accidente el menor C. O. contaba con nueve años, que al ser inimputable su accionar no es culpable.
7. Resulta de aplicación el art. 1113 CC cuando se trata de un accidente de tránsito en el que ha sido víctima un peatón; que debe averiguarse si hubo caso fortuito. Que en el caso el menor fue el último de los menores de un total de 3 que cruzó la arteria, que el atropellamiento fue muy cercano a la banquina por lo que no puede calificarse como repentino para la conductora; que no se probó que no pudo evitarse ni existe prueba sobre la velocidad del vehículo. En consecuencia es responsable la conductora, la titular y la aseguradora.
8. Respecto de los daños sufridos por el menor Ortega del expediente penal surge que el médico de policía diagnosticó que el menor padecía TEC con pérdida de conocimiento, politraumatismo, fractura inguinopelviana derecha y escoriaciones. La historia clínica del Hospital Perrupato se diagnosticó politraumatismo sin pérdida de conocimiento, la lesión fue ratificada en la pericial neurológica (fs. 244/251). Concluye que de las periciales médicas neurológica y clínica se infiere que el actor sufrió un traumatismo encefalocraneano sin pérdida de conocimiento. En la historia clínica a fs. 191 el Dr. Romero solicitó Rx de cráneo; que del EEG detecta indicativo de sufrimiento neuronal. Que la aseguradora no acompañó el informe realizado por el médico contratado antes de efectuar la transacción para determinar de qué manera arribó al 18% de incapacidad.
9. La pericia neurológica determinó que la actora sufrió como secuela del accidente un síndrome postconmocional craneoencefálico tardío con desorden mental orgánico, estableciendo una incapacidad del 15% parcial y permanente; el perito determinó con certeza de organicidad las secuelas dejadas fundado en la persistencia de la sintomatología y el examen no normal, sumado a los estudios detallados. El sentenciante define al TEC como la alteración psicofísica que en variada forma y magnitud ocurre a consecuencia de una violencia física y que actúa directa o indirectamente sobre el cráneo, su contenido, el encéfalo y órganos conexos alterando su estructura y función, atribuyendo por lo general a causas de aceleraciones o desaceleraciones bruscas que hace que el encéfalo golpee dentro de la caja craneana. Respecto del síndrome de túnel carpiano, consideró que no puede ser reconocido por no presentar relación causal adecuada con el accidente.
10. La pericia psiquiátrica diagnostica como manifestación secuelar un desarrollo neurótico angustioso en un fronterizo lento (atendiendo a las cualidades de base del menor); que no puede obviarse la muerte del padre a pocos meses del evento, que puede haber coadyuvado en dicho stress concausalmente. La desaparición casi contemporánea del padre del menor ha podido influir en la psiquis del menor agravando o actuando como concausa de stress postraumático.
11. Entiende ajustado a la realidad tomar como porcentaje de incapacidad funcional un 20%. A fin de determinar la indemnización, entiende que la incapacidad debe ser indemnizada a título de chance, evaluando las posibilidades que el menor pueda tener so pena de su lesión secuelar. Que de la encuesta ambiental surge que el menor convive con tres hermanos menores de edad, su madre y un hermano de crianza de ésta; ingresos económicos $ 145, situación económica crítica, vive en inmueble mixto; que el perito neurólogo expresó la repitencia del menor en sexto grado, con mal rendimiento intelectual, no existe informe de la escuela a la que asistía; que no existe prueba que indique que el menor tuviera inclinación a alguna tarea específica de alta remuneración, por lo que la incapacidad asignada puede influir aún más en el futuro; que teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima (fronterizo lento) se toma como parangón la suma de $ 450, la aplicación de la Ley 4087, la edad promedio de jubilación y el inicio de la actividad, estima en virtud el art. 90 inc. 7 del CPC la suma de $ 19.200 fijada a la fecha de la sentencia.
12. El daño moral en el caso aparece palpable, se presume in re ipsa al haberse comprobado ataques específicos a la integridad física de la víctima y haber dejado secuelas, estima prudente fijar $ 10.000 a la fecha de la sentencia.
13. En conclusión, correspondería otorgar a la fecha de la sentencia, 5 de mayo de 2006 la suma de $ 29.200.
14. Establecida la cifra indemnizatoria confronta la transacción y concluye que la ventaja desproporcionada hace presumir que existió aprovechamiento de la situación de inferioridad de la madre del menor. La suma otorgada por el convenio llevada a valores actuales y tomando como base la tasa de interés es de $ 16.000, la diferencia de $ 13.200, sin perjuicio de la perentoriedad del pago, denota la desproporción; configurado el supuesto objetivo se presume que existió aprovechamiento de la situación de inferioridad.
15. Advierte las circunstancias personales de la actora al tiempo de la firma del convenio, al poco tiempo de quedar viuda, en estado de pobreza con tres hijos a cargo, sin poder recurrir a asesoramiento profesional, estado que es aprovechado por la aseguradora para obtener la transacción, teniendo en cuenta las reales dolencias del menor. El estado de necesidad continúa al tiempo de la tramitación del presente juicio, como lo prueba la encuesta ambiental. El vicio de lesión torna nulo el convenio y todas sus estipulaciones, incluida la renuncia a ejercer la acción civil intentada. El acto viciado no fue confirmado ni expresa ni tácitamente por la actora. No surge de las actuaciones ni del A.E.V, tampoco existe convalidación tácita porque el menor no alcanzó la mayoría de edad.
La sentencia fue apelada por la compañía de seguros.
C) La sentencia de segunda instancia.
A fs. 617/620 la Tercera Cámara Civil con el voto mayoritario de la Dra. Mastracusa y el Dr. S. revoca la decisión y rechaza la demanda de nulidad articulada.
Entre los argumentos relevantes, expresa el tribunal:
1. El vicio de falta de autorización no fue alegado por la actora, quien sólo señaló la transgresión a los arts. 59 y 494 del CC, cuestión que impidió a la demandada formular las defensas.
2. De todos modos aparece prima facie dudoso, ante la tutela judicial a los intereses de los menores, que el juez no pueda referirse a otra causal de nulidad. Sin embargo debe dejarse de lado esta posibilidad porque los actos del representante de un incapaz que no fue autorizado (art. 1042 CC) son nulos de nulidad relativa, por lo que requieren petición de parte (art. 1048 del CC); razón por la que el análisis debió limitarse a la causa de nulidad planteada y no podía el juez de oficio apartarse de la misma.
3. Existe un impedimento mayor para tratar la nulidad, pues del expediente reconstruido surge que existió una resolución judicial homologatoria del convenio, el Juez tuvo en cuenta los dictámenes del Ministerio Fiscal y de la Asesora de Menores. La resolución homologatoria se encuentra firme, fue cumplida por las partes, depositado el dinero por la compañía, la madre del menor denunció la inversión y otorgó recibos. La resolución adquirió los efectos por ella dispuestos, esto es, los del art. 85 del CPC.
4. El art. 85 IV del CPC establece que la transacción homologada tiene los mismos efectos que los acuerdos conciliatorios; el art. 84 establece que los acuerdos celebrados por los litigantes ante el juzgador tendrán autoridad de cosa juzgada y se procederá a su cumplimiento como si se tratara de sentencia.
5. La transacción bien o mal homologada tiene carácter de cosa juzgada. En consecuencia para abordar la nulidad del acto que el juez homologó era necesario, previamente, hacer caer la cosa juzgada por alguna de la vías modernamente admitidas. De lo contrario la cuestión es irrevisable.
6. Hasta la sanción de la Ley 6354 que estableció la competencia de los juzgados de familia para la autorización de disposición de bienes de menores, la competencia para entender estos asuntos era de los jueces civiles de primera instancia. Que aquella ley establece el tipo de proceso (art. 52 inc. LL) y el tipo de procedimiento a seguir (art. 100, el procedimiento sumario se aplicará a las causas previstas en los incisos e, f, g, h, l, ll, m y n del art. 52). En cambio, mientras la cuestión fue competencia de los juzgados civiles, la única norma aplicable al caso de las autorizaciones judiciales era la de los arts. 309 y 311 inc. 5 del CPC, trámite sumarísimo con la sola intervención de la Asesora de Menores.
7. En el caso la validación del convenio recibió un tratamiento igual o mayor (ya que también intervino el Ministerio Fiscal) y, mal o bien, con mayores o menores fundamentos, el Ministerio Pupilar convalidó la nulidad inicial por no habérsele dado participación en la celebración del acto y, el juez, al homologar lo convenido lo autorizó.
8. La resolución obtuvo carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público puede y debe ser declarada de oficio y aún puede ser planteada extemporáneamente por las partes. En rigor la cuestión no puede discutirse sin la acción de revisión, si se dieran los requisitos para ello, por lo que no corresponde ingresar al análisis de la existencia o no del vicio de lesión y mucho menos al estudio de los daños.
9. El voto minoritario del Dr. Garrigós adhirió a la resolución del Sr. Juez a-quo. Sostuvo que, aunque se trate de una nulidad relativa, para que sea confirmada es necesario que el menor alcance la mayoría de edad, por ello se hacía necesario que el acto contara con la autorización judicial. Que no surge la intervención de la Asesora de Menores, pese a la referencia en la homologación del convenio; que del mismo modo debe concluirse que no existiendo referencia a la autorización judicial ella no se prestó.
III. Recurso de inconstitucionalidad.
Los agravios del recurrente, extensa y profusamente expuestos los sintetizamos del siguiente modo:
A) El art. 150 incs. 3 y 4 del CPC por violación del derecho de defensa por falta de apreciación de prueba y motivación.
B) Insiste en la ausencia de intervención del Ministerio Pupilar para la confección del convenio, falta de la venia judicial y de los exámenes médicos previo a disponer de los derechos del menor, por lo que la homologación fue un acto de apariencia.
C) Rechaza el monto indemnizatorio y la imposición de costas por haberse priorizado los efectos de la cosa juzgada por encima de los derechos del niño que fueron vulnerados al homologarse un convenio que lo lesiona.
D) Los derechos del niño a ser oído y acceder a la justicia forman parte del derecho de familia para el que el principio de la cosa juzgada queda desplazado por el de su relatividad. Transcribe artículos de la Convención de los Derechos del Niño.
E) Que el menor fue embestido al cruzar la calle 9 de Julio por la demandada que lo vio previo al impacto; el siniestro produjo lesiones de magnitud (35%) e internación de aproximadamente 30 días.
F) La Cámara incurre en exceso de rigor formal al afirmar que hay nulidad por ausencia de autorización judicial para el acuerdo por tratarse de un acto de disposición sobre bienes del menor, pero que en el caso, no tiene andamiento porque no fue alegado por la actora en su demanda, que se limitó a señalar transgresión de las leyes que protegen los menores; que el tribunal obvió que su parte señaló en los alegatos la falta de autorización judicial; que no se analizó el vicio del convenio por lesión, invocado al fundar la acción de nulidad; que es reprochable que la Cámara afirme que la transacción bien o mal homologada tiene el carácter de cosa juzgada, cuando están en juego los derechos del menor víctima de un accidente de tránsito; que los efectos de la cosa juzgada rigen solo para los procesos contenciosos, que no adquieren esa calidad las decisiones conclusivas de los denominados procesos voluntarios como el de homologación de convenio.
G) En la órbita del derecho laboral, es procedente la revisión de los acuerdos transaccionales cuando surgen violaciones al orden público y, en el caso son revisables por estar en juego el interés superior del niño, privado de un Asesor de Menores, venia judicial y examen médico; que en el expediente no figura ningún dictamen del Asesor de Menores, sólo una vista, tampoco informe médico, habiendo reconocido la compañía en la absolución que el informe médico no fue adosado al expediente; y que la Cámara no merituó las pruebas periciales cuyos dictámenes el recurrente transcribe.
IV. Recurso de casación.
El recurrente denuncia errónea aplicación e interpretación de los arts. 832 del CC, 84 y 85 del CPC, que rigen la transacción sobre los derechos litigiosos. Que debieron aplicarse los arts. 59, 297 - 2° párrafo, 299, 954, 1042, 1044, 1945 y 1047 del CC; art. 3° y cc. de la Convención de los Derechos del Niño; art. 144 inc. 9 de la C. Mza.
Asimismo, afirma que:
A) La cosa juzgada no se aplica en los procedimientos voluntarios ni en los casos como este en que no están presentes los requisitos que requiere la cosa juzgada (no hay identidad de causa y objeto).
B) Ni el juez ni la asesora advirtieron cuando se homologó el acto, la ausencia de capacidad plena de la progenitora para disponer de los derechos del menor, no se acompañó el certificado de defunción del padre ni certificados médicos que indicaran al juez la conveniencia de la celebración del acuerdo.
V. Solución del caso.
El contenido del derecho en disputa -nulidad del convenio homologado que acordó la indemnización al menor por las lesiones padecidas en el accidente vial- y la diferente respuesta judicial -en primera instancia se declaró la nulidad del convenio y se condenó a la aseguradora a pagar la diferencia, mientras que en la alzada el voto mayoritario denegó la nulidad con sustento en la cosa juzgada-, justifican el pormenorizado relato de las actuaciones acaecidas a fin de sustentar la solución que propiciaré.
De las constancias objetivas de la causa surge que:
A) El convenio fue suscripto el 9/6/98 por la "madre del menor", recientemente viuda, sin autorización judicial previa, y la "aseguradora" se comprometió a pagar el total de la suma de $ 12.000 en dos pagos ($ 2.000 el 29/6/98 y $ 10.000 el 6/8/98). La madre otorgó recibo cancelatorio y renunció a toda acción civil y/o penal.
B) El Juez a-quo homologó el convenio el 7/8/98, el auto homologatorio hace referencia a lo convenido por las partes y a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal y la Asesora de Menores.
C) La madre del menor, patrocinada por una profesional, denunció la compra de un terreno, alude al dictamen de la Asesora de Menores y se compromete a adjuntar los comprobantes que acreditan la inversión no perjudicial para el menor.
D) En la época en que la homologación fue resuelta no estaba vigente la Ley 6354 y el art. 309 del CPC establecía para esos supuestos el procedimiento "sumarísimo" debiendo sustanciarse con el Ministerio Pupilar (art. 311 inc. 5° del CPC). En otras palabras, el trámite impreso a la homologación se ajustó a normativa procesal.
Los aspectos referidos tornan, para este caso puntual, de dudosa procedencia la nulidad. A mayor abundamiento, la Corte Federal, en un caso en que estaban involucrados intereses de una menor de edad sin que se hubiese dado en el proceso intervención alguna al Ministerio de Menores, resolvió devolver los autos a la instancia inicial a los efectos de que tome intervención el Ministerio Pupilar y haga valer los derechos que estime corresponder en el juicio. A tal fin el Superior tribunal, entre otros argumentos expuso que "es descalificable la sentencia que, al confirmar una resolución, omitió dar intervención al Ministerio Pupilar para que ejerciera la representación promiscua a pesar de que dicha resolución comprometía en forma directa los intereses de la menor; lo que importa desconocer el alto cometido que la ley ha asignado a dicho ministerio, y no sólo menoscaba su función institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones. El art. 59 del CC, establece que a más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las persona o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación art. 494 del CC" (P. 2501. XXXVIII. RECURSO DE HECHO. "Pastrana María Cristina y otros c. Municipalidad de Coronel Pringles" CSJN 17/10/2007).
No surge de autos la acreditación efectiva de la inconstitucionalidad de la sentencia atacada ni su desacierto desde el punto de vista normativo. No ha logrado demostrar la actora que aquella transacción, debidamente homologada con el dictamen previo del Asesor de Menores y la homologación judicial posterior, haya sido lesiva a los intereses del menor.
De todos modos, y a fin de aventar toda duda sobre lo atinente al interés del menor, fuertemente protegido por nuestro sistema jurídico basado en tratados internacionales de derecho humanos incorporados a nuestro ordenamiento conforme al art. 75 inc. 22 CN, corresponde verificar si en el caso existe una notoria desproporción entre lo que surge de la transacción convenida en 1998 y la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia que hizo lugar al planteo, de tal modo que justifique el interés en invocar la nulidad por lesión.
Con tal objetivo corresponde comparar los dos valores en cuanto a monto y a fecha: el valor efectivamente percibido por la actora según convenio homologado en junio de 1998 fue de un total de $ 12.000. Mientras que el valor al que asciende la condena del juez de primera instancia es de un total de $ 29.200 a la fecha de la sentencia, mayo de 2006.
Para realizar este cálculo he tomado información oficial de instituciones públicas disponible y fácilmente verificable: el Colegio de Abogados de Mendoza y Banco de la Nación Argentina.
Si se practica un cálculo desde la hipótesis más favorable al menor presuntamente damnificado, desde la fecha del último pago percibido por la actora (6/8/98), y se toma sin modificación alguna el monto condenado en primera instancia el sistema de actualización del sitio oficial del Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza, "Tribunet", arroja el siguiente resultado:
Capital$ 12.000
Fecha origen 6/6/1998
Fecha de liquidación 5/5/2006.
Tasa de interés aplicable: 144,42 % resulta $ 17.329
TOTAL CAPITAL MAS INTERÉS $ 29.329.
Otro cálculo que puede intentarse es aquél que arrojaría la evolución de la cotización del dólar norteamericano según el Banco de la Nación Argentina:
Capital al 6/6/1998 de $ 12.000 equivale a US$ 12.000.
Valor del dólar al 5/5/2006 para la compra es de $ 3,0010 y para la venta es de $ 3,0410. Arroja un valor promedio de $ 3,02 por dólar.
Capital multiplicado por valor dólar 12.000 x 3,02: $ 36.240.
Como se advierte la comparación evidencia la inexistencia de interés en el reclamo. A la fecha de la sentencia de primera instancia (5/5/06) que fijó la condena en $ 29.200, los $ 12.000 que el actor percibió el 6/8/98 equivalían a $ 29.329 según la actualización del Colegio de Abogados o a $ 36.240 según el valor del dólar atento la paridad cambiaria vigente a la época del convenio.
Asimismo cabe destacar que en la apreciación de los montos no debe escapar el hecho cotidiano de que todo convenio implica concesiones recíprocas de las partes y ello se traduce en una disminución razonable de la pretensión del acreedor en la medida en que se beneficia con la inmediata percepción del monto, acorta el tiempo de espera y conjuga el eventual riesgo que implica la prosecución de toda acción judicial.
Tiene resuelto el tribunal que es imprescindible la invocación y demostración de un interés real, cierto y positivo, en la fundamentación de los recursos extraordinarios, esto se traduce en la necesidad de concretar detalladamente en los hechos el daño sufrido, a través de la adecuada demostración del gravamen ocasionado por el fallo en directa relación con la garantía constitucional que se pretende violada (LS 146-337; LS 113-286). Por lo demás, tal criterio, se encuentra incorporado normativamente como principio general (art. 41 C.P.C.), y como recaudo de procedibilidad formal de los recursos (art. 152 incs. 2 y 4 y art. 161 inc. 4° CPC) (LA 90-299; 128-127; 161-310; 158-100; 174-173).
Las razones expuestas me persuaden del rechazo de los recursos articulados y el mantenimiento de la sentencia de Cámara.
Así voto.
El doctor Böhm, adhiere al voto que antecede.
2ª cuestión. — El doctor Alejandro Pérez Hualde dijo:
Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
Así voto.
El doctor Böhm, adhiere al voto que antecede.
3ª cuestión. — El doctor Alejandro Pérez Hualde dijo:
Atento el resultado económico del recurso las costas de esta instancia se imponen en el orden causado.
Así voto.
El doctor Böhm, adhiere al voto que antecede.
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, RESUELVE: I. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación articulados a fs. 7/41 vta. de autos. II. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. III. Regular los honorarios por la instancia extraordinaria del siguiente modo: Dres.: L. E. A., en la suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600); C. C., en la suma de pesos MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440); J. S. S., en la suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600); R. B. N., en la suma de pesos MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641). La presente resolución no es suscripta por el Dr. Pedro J. Llorente, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). — Alejandro Pérez Hualde. — Pedro J. Llorente
