El País.-
Los datos indican que desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió su primer mandato, a fines de 2007, el presupuesto del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se cuadruplicó. En aquel año, el gasto por cada preso retenido en cárceles federales era de 4711 pesos por mes; hoy, ese monto trepa a los $ 18.400 mensuales.
Las polémicas cifras las arroja la ley de presupuesto 2012, que informa que el SPF recibe poco más de $3200 millones de pesos anuales. La mayor parte de esa cifra, unos $2100 millones, se vuelca a rubros vinculados con la manutención de los presos, como seguridad y rehabilitación, laborterapia de los internos y actividades de formación y capacitación.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Julio Alak, el elevado gasto en las cárceles federales se debe a que se trata de un sistema penitenciario "modelo en América Latina".
Sin embargo, esto no es lo que piensan legisladores de la oposición que se remiten a las cifras oficiales que muestran que el 28% de los condenados en el SPF son reincidentes; un número que no ha registrado disminución.
De acuerdo con La Nación, la oposición tampoco comparte la teoría del "servicio modelo". La Procuración Penitenciaria, órgano que depende del Congreso, a fines del año pasado emitió un balance lapidario sobre las condiciones internas de las cárceles federales. En el mismo sentido se pronunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG cercana al Gobierno, que cuestionó en su informe 2012 sobre derechos humanos la demora en instrumentar "reformas profundas en la estructura" del sistema penitenciario y alertó sobre el aumento de las muertes en las cárceles federales.
"Las estadísticas de 2010 del Ministerio de Justicia sobre ejecución de la pena ponen en tela de juicio la efectividad del régimen penitenciario en materia de resocialización, pese al altísimo gasto que realiza el Estado por cada preso. Esas cifras revelan que el 28,5% de los condenados en el SPF son reincidentes. Un porcentaje muy grave, pese a que el ministro Alak dice que disminuyó; estamos hablando de detenidos que han cumplido condenas de prisión y que vuelven a ser condenados; esto sin considerar a quienes salen, cometen delitos y nunca son capturados", afirmó el diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista)
Por su parte, el jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra,puntualizó que "en 2010 la Procuración Penitenciaria relevó que sólo había 2336 internos inscritos en el nivel secundario, a pesar de que había 4912 internos en situación de cursar. También se detectó que algunas unidades penitenciarias directamente carecían de oferta de educación secundaria". Además, más del 60 por ciento no participa de actividades de capacitación laboral, según el mismo relevamiento.
"La prioridad en la cárcel debería ser la escuela pública y el secundario completo, en lugar del estímulo gubernamental al proselitismo interesado. Sin educación, los presos seguirán siendo ciudadanos de segunda", puntualizó el radical.
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