Antecedentes
El Tribunal del Trabajo N° 5 de
La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 455/461 vta.).
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
La doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen, hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por la accionada Municipalidad de Lobos para enervar la demanda que, con sustento en las normas del derecho común y en procura del cobro de indemnización por daños y perjuicios por la muerte de J. A. B., dedujo en su contra E. A. M., S. V. B. y J. A. B., esposa e hijos del causante respectivamente.
Arribó a esta conclusión en la inteligencia de que al momento de promover la presente demanda ya había operado holgadamente el plazo de prescripción bienal previsto por la ley aplicable al caso. No obstante entendió que debía analizar si existió algún acto interruptivo o suspensivo de la misma.
En tal sentido y en lo que resulta de interés para el presente, al considerar el efecto que sobre estas tramitaciones tenían las actuaciones administrativas iniciadas el 12/XII/1997 por los actores de autos con motivo de la denuncia por el accidente de trabajo, señaló que dejaron allí constancia -en otro sí digo- que la misma se realizaba por imperio legal sin que implicara ejercicio de opción por alguna de las acciones que pudieran corresponder por el infortunio denunciado.
Asimismo apuntó el a quo para quitar efecto al reclamo administrativo, que éste interrumpe el curso de la prescripción de la acción en la medida en que exista identidad entre el derecho reclamado y el objeto de la pretensión y constituyera un requisito ineludible para la apertura de la instancia judicial, circunstancias que entendió no se daban en la especie (fs. 443/444 vta.).
II. Contra esa forma de decidir se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que con denuncia de violación de los arts. 12, 15 y 16 de la ley 24.028; 499, 3986 y 4037 del Código Civil; 9° y 257 de
El fallo de grado -que acepta que el reclamo administrativo previo a la interposición de la demanda interrumpe el curso de la prescripción-, exige para su viabilidad requisitos que ninguna norma impone y, en forma dogmática y errónea, concluye que, en el caso, no existía identidad entre el derecho reclamado y el objeto de la pretensión.
Agrega que la pretensión de la parte actora, tanto en las tramitaciones administrativas como en las presentes actuaciones, es la misma: alcanzar una reparación indemnizatoria por el accidente que le costó la vida a J. A. B., existiendo -en su opinión- sin duda ninguna, una coincidencia total en ambos reclamos deducidos.
En relación al derecho reclamado, argumenta que tampoco puede afirmarse que no medie identidad, pues la norma aplicable en ambas instancias es la misma: la ley 24.028, independientemente de que en sede judicial -por vía del art. 16 de dicha norma- se optará por encausar el reclamo conforme la acción civil.
Manifiesta que el fallo de grado abiertamente se contrapone a lo establecido en los arts. 257 de
Con apoyo en lo reseñado, concluye que la denuncia efectuada ante la autoridad administrativa del trabajo el día 3/X/1997 -fs. 253 y vta.- tuvo plena virtualidad para interrumpir el curso de la prescripción, por lo que al momento de iniciarse la presente demanda -el 14/X/1998, según el sello de la planilla de receptoría- no había operado el plazo liberatorio bienal, razón por la cual pide se revoque el fallo de grado y se haga lugar a la demanda deducida en todos sus aspectos.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, entiendo que el recurso ha de prosperar. Ello así pues el pronunciamiento de grado se apartó de la normativa y de la doctrina legal aplicable al caso.
En primer lugar porque el argumento del sentenciante de grado, en orden a la inexistencia de identidad en el derecho reclamado por no haberse formulado en la instancia administrativa opción por alguna de las vías previstas en la ley de accidentes por entonces vigente, resulta contrario a la doctrina de esta Corte.
En tal sentido, reiteradamente se ha dicho que no es la denuncia del accidente de trabajo en sede administrativa del trabajo lo que implica el ejercicio de la opción sino el acto omisivo de la no declinación oportuna de dicha instancia lo que trae aparejado tal consecuencia (conf. causas L. 51.761, sent. del 29/VI/1993; L. 59.681, sent. del 3/XII/1996; L. 60.202, sent. del 30/IX/1997, entre otras).
Conforme surge de las constancias de autos -ver fs. 253- los actores presentaron denuncia por el accidente sufrido por el occiso ante la autoridad provincial del trabajo el día 3/X/1997 -y no el 3/XII/1997 como erróneamente consigna el fallo-. Notificado que fue el municipio reclamado, en su primera presentación declinó la instancia (fs. 261/262); siendo aceptada por la entidad provincial interviniente y notificada a los derechohabientes (fs. 270), disponiéndose su archivo (fs. 274).
Tiene dicho esta Corte que si la condición única para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor, basta para interrumpirla una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono de su derecho que se induzca de ese silencio o inacción. Esta manifestación de voluntad tanto puede exteriorizarse mediante demanda, entendida en su sentido técnico procesal, como cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder (conf. causas L. 74.049, sent. del 28/V/2003; L. 78.608, sent. del 9/XII/2003).
En consonancia con esta postura doctrinaria no resulta válido despojar, como lo hizo el pronunciamiento de origen, de efecto interruptivo a las actuaciones iniciadas por los derechohabientes del trabajador fallecido, cuya tramitación fue denunciada en estos obrados desde la misma interposición de la presente acción -fs. 6 vta.-. Más aún el fundamento utilizado, sobre la base de pretender que para su promoción resultaba necesaria ejercer la opción por algunas de las vías que, a través de su art. 16, permitía efectuar la ley 24.028 o requerir la obligatoriedad de su promoción, excede los requisitos establecidos por dicha normativa.
De conformidad a todo lo expuesto cabe concluir que la denuncia presentada por los actores de autos por ante la autoridad administrativa provincial el 3/X/1997, tuvo virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción en un todo de acuerdo con las previsiones de los arts. 12 de la ley 24.028 y 257 de
Por tanto al tiempo de la promoción de la presente el 14/X/1998 (fs. 1) no había, sin duda alguna, operado el término de prescripción establecido por las leyes que rigen la materia en el ámbito laboral.
IV. De conformidad con lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso deducido por la parte actora y rechazar la defensa de prescripción opuesta por
Costas de ambas instancias a cargo de la demandada (arts.
Voto por la afirmativa.
El doctor Negri dijo:
A diferencia de lo expresado por la colega que me precede en la votación, entiendo que el recurso interpuesto debe ser rechazado.
1. Aunque coincido con lo que en su voto señala acerca de la equivocación del tribunal de origen que le restó aptitud interruptiva a las actuaciones administrativas como consecuencia de la ausencia de identidad entre el derecho en ellas reclamado y el objeto de la pretensión judicial, juzgo que ello no es suficiente para revertir el rechazo de la demanda por prescripción de la acción.
2. Es que dejada sin efecto la sentencia de grado por ese particular motivo, corresponde a esta Corte asumir competencia positiva y resolver la contienda conforme lo dispone el art. 289 del Código Procesal Civil y Comercial.
Y, en esa tarea, en virtud del postulado de adhesión en la apelación, a
Con ese marco, y por aplicación de reiterada doctrina de esta Corte que afirma que la norma prohibitiva de la invocación de oficio de la prescripción se aplica igualmente a los actos interruptivos (art. 3964, Cód. Civ.; Ac. 45.912, sent. del 2/VI/1992), la interrupción de aquélla sólo puede atenderse si los litigantes la alegan. Ello así en razón de que actos de tal naturaleza están constituidos de ciertas circunstancias que, como en punto a la prescripción, no pueden ser conocidas y verificadas por los jueces mientras no sean alegadas y probadas por los interesados (conf. Ac. 45.912 cit.; L. 70.293, sent. del 25/VIII/1998; L. 83.795, sent. del 1/III/2006, entre muchas otras).
Pues bien, puesto a definir si ha operado o no la prescripción de la acción en la especie, observo que interpuesta la referida excepción por la demandada (art. 31, ley 11.653), la actora nada replicó al respecto, limitándose a solicitar la apertura a prueba de las actuaciones en oportunidad de contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 (fs. 32).
Así es que, a diferencia de lo expresado por el tribunal de grado, no corresponde analizar oficiosamente si de los elementos adjuntados a la causa existe algún acto interruptivo y/o suspensivo de la prescripción invocada.
En ese sentido, y tal como lo expresé en L. 95.269, "Fernández" (sent. del 2/VI/2009) es del caso destacar que no habiendo sido oportunamente articulada por la actora la interrupción en cuestión, su alegación por ante
Como se advierte con la sola lectura de los escritos constitutivos del proceso y del recurso de inaplicabilidad de ley, sólo en este último se desarrollan argumentos relativos a la aptitud interruptiva de las actuaciones administrativas en los términos de los arts. 257 de
En consecuencia, producido el accidente de trabajo que diera lugar a la tramitación de estas actuaciones el día
En razón de lo expuesto, voto por la negativa.
Los doctores Genoud, de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art.
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